El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a intervenir en la financiación de los medios de comunicación. Primero, trasponiendo el reglamento de la Unión Europea que exige transparencia en la financiación pública de las empresas informativas. Segundo, clarificando el debate sobre qué constituye un medio de comunicación y sus obligaciones como empresas que canalizan el derecho a la libertad de información y prestan un servicio público.
El Gobierno quiere que los medios adopten un código ético, reconociendo su condición de «empresas sociales» obligadas a publicar su financiación privada para evitar conflictos de intereses. Esto no sería obligatorio, pero la firma del código permitiría identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha aplaudido la idea de una mayor transparencia sobre los propietarios de los medios y los fondos que reciben, pero también ha alertado sobre posibles injerencias de los poderes públicos en el trabajo de los periodistas.
El Gobierno planea crear un Comité de expertos que señalaría las desviaciones de las «buenas prácticas» fijadas por el Ejecutivo, revela The Objective. Este órgano también clarificaría el concepto de bulo o noticia falsa, aunque no se han mencionado públicamente multas económicas. Privadamente, se ha hablado de sanciones, concretamente la retirada de publicidad institucional a medios que publiquen bulos. Sin embargo, muchos de estos medios ya no reciben publicidad institucional del Gobierno o la han visto reducida. Moncloa quiere que esta medida de retirada de publicidad implique también a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como la Comunidad de Madrid, son criticadas por el PSOE por financiar a «pseudoperiodistas».
El objetivo del Gobierno es evitar conflictos de intereses cruzados entre la información publicada y los intereses de los accionistas. Fuentes gubernamentales admiten a The Objective que la medida no puede ser imperativa, pero sí puede generar un mecanismo de presión e información. Esto serviría para desmontar la llamada máquina del fango y atraer a sus socios parlamentarios, quienes han visto frustradas sus expectativas sobre el paquete de medidas judiciales. Aunque la letra pequeña de estas medidas pueda ser cosmética, los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez han estado interesados en esta cuestión durante años.
