El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que está ultimando una nueva normativa con la que busca anticiparse a posibles desequilibrios en el mercado del aceite de oliva de cara a la campaña 2025-2026. Si se confirma una recolección abundante, el Ejecutivo tendrá la capacidad de ordenar la retirada obligatoria de una parte de la producción nacional, con el fin de evitar que una bajada brusca de los precios perjudique al sector.

La medida se fundamenta en el artículo 167 bis del reglamento europeo sobre la organización de mercados agrarios, que autoriza a los Estados miembros a imponer reglas de comercialización con el objetivo de ajustar la oferta y garantizar la estabilidad del sector agroalimentario. Esta herramienta se diseñaría como un mecanismo de control que, aunque no se aplicará automáticamente, quedará lista para activarse si los datos de producción así lo aconsejan.

Agricultura insiste en que se trata de una medida preventiva que sólo se pondría en marcha si las previsiones de cosecha facilitadas por las comunidades autónomas apuntan a una producción excesiva. El texto de la norma ya ha pasado por un proceso de consulta pública —abierto desde el 17 de junio— y podría entrar en vigor antes de que finalice octubre, justo a tiempo para intervenir en la próxima campaña oleícola.

La iniciativa llega después de dos años de escasa producción, tras los cuales el sector ha recuperado niveles normales en la temporada 2024/25, superando los 1,4 millones de toneladas. Este repunte podría provocar una saturación del mercado y, en consecuencia, una caída de los precios en origen, según argumenta el ministerio que dirige Luis Planas.

Hasta la fecha, las intervenciones del Gobierno para frenar la sobreoferta de aceite de oliva han sido de carácter voluntario, como el almacenamiento privado autorizado por la Comisión Europea en 2020, cuando se retiraron unas 150.000 toneladas a cambio de subvenciones que sumaron 24 millones de euros. Lo que plantea ahora el Ejecutivo es un cambio de paradigma: la retirada sería obligatoria y afectaría de forma generalizada a los productores, que estarían obligados a almacenar parte de su cosecha o destinarla a otros fines no alimentarios.

En paralelo, mientras se prepara esta normativa interna, España ha duplicado sus importaciones de aceite de oliva procedente de Túnez, un movimiento que refleja tanto el impacto de las malas campañas pasadas y el abandono que vive el campo español. Esta situación ha alimentado el debate sobre el papel que debe jugar el Estado en la regulación de un producto clave para la economía agroalimentaria española.