La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que aplicar ahora el artículo 155 en Cataluña sería «inconstitucional», porque no se ha producido ninguna violación de la Carta Magna y «sería una clara usurpación del poder autonómico».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha recordado que, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó este precepto constitucional, se había producido «un quebranto de la Constitución» que ahora no se da y ha recalcado que «el camino del diálogo se está abriendo paso progresivamente» en Cataluña y que «ese camino gana adeptos».
Sobre la iniciativa aprobada este jueves en la Asamblea de Extremadura, con los votos del PP, el PSOE y Cs, que reivindica la aplicación del artículo 155, Celaá ha interpretado que «lo que vino a decir Extremadura es que, si llegara a quebrarse la ley y el marco constitucional, sería el momento de pensar en el 155».
Tras apuntar que «sería irrelevante medir el grado de incomodidad del Gobierno» respecto a la aprobación de esa iniciativa el mismo día en que el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña acordaron nuevos espacios de diálogo, ha incidido en que la aplicación del 155 «no es el marco de actuación en absoluto», porque está vinculado a la vulneración de la ley.
Además ha hecho hincapié en la «importante labor» de la vicepresidenta Carmen Calvo en sus conversaciones con su homólogo de la Generalitat, Pete Aragonés, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, para «encauzar la crisis y llevarla a una vía de solución».
En esa línea, ha advertido de la importancia de que la orientación de esa solución sea la «correcta» en un momento en que «tenemos el brexit en la pantalla».
A ese respecto, ha argumentado que «importa el principio de realidad y de legalidad» y ha alertado de la «fuerza autodestructiva de cualquier fórmula binaria».
También ha invitado al PP, Ciudadanos y la CUP a sumarse a la mesa de partidos que se concretará el próximo viernes, 25 de enero, en Barcelona y cuyo objetivo será consolidar un «diálogo efectivo» sobre Cataluña.
Según ha explicado, tras la reunión de este jueves en Madrid entre el Gobierno y la Generalitat, se celebrará otra el viernes de la semana que viene en Barcelona. Ha recordado que ya existe otra mesa de partidos creada por la Generalitat a la que no ha asistido ningún representante del PP ni de Cs ni de la CUP.
No obstante, ha subrayado que, en la nueva mesa que este jueves se acordó crear, «todos los partidos tendrán la oportunidad de anunciar su presencia ante una cuestión tan importante para Cataluña para consolidar un diálogo efectivo que es el objetivo».
La vicepresidenta del Gobierno ha negado que se esté cediendo a las pretensiones secesionistas al reiterar que «no hay contrapartidas, salvo los propios presupuestos».
Ha recalcado que el contenido de los presupuestos generales del Estado aprobados por el Ejecutivo son ya lo «suficientemente importantes» como para recabar el apoyo no solo de los independentistas, sino de todas las fuerzas políticas, porque «todas han sido llamadas a poder negociar y acordar».
Según ha insistido, las cuentas diseñadas por el Gobierno llevan importantes mejoras para la ciudadanía con dos objetivos fundamentales: blindar el Estado de bienestar y encauzar la crisis catalana.
«Pero la fuerza de los presupuestos está contenida en el proyecto de los presupuestos», ha recalcado y ha añadido que «ahí es donde nos tenemos que encontrar, en todas esas políticas importantes que llevan los presupuestos y que son de gran resultado y de gran eficiencia para los catalanes».
«Ese es el punto de encuentro, no otras contrapartidas. Otras contrapartidas, no», ha garantizado.
Defiende la operación contra radicales
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a defender la operación policial que llevó a detener a 16 personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por su participación en la ocupación de las vías del AVE y ha insistido en que estuvo «supervisada en todo momento» por el fiscal y el juez que instruye el caso.
«Una operación supervisada por una autoridad judicial me cuesta creer que pueda considerarse, ni en hipótesis, ni desproporcionada ni inaceptable», ha manifestado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ante las críticas de los grupos separatistas catalanes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó de que se habían tratado de «detenciones policiales» y que, por lo tanto, «no están ordenadas por el juez» que instruye la causa a raíz de la denuncia de Adif, aunque sí estaba informado del operativo.
Según Marlaska, la operación no solo estuvo supervisada en todo momento por el fiscal y el juez del caso, sino que «fueron informados de todo el conjunto de actuaciones». «La policía actúa como policía judicial», ha zanjado.
