Las autoridades españolas han emitido 5.859 órdenes de expulsión de inmigrantes marroquíes que incumplían la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social en nuestro país. Sin embargo, sólo se han ejecutado 1.612 de estas órdenes, lo que significa que el Gobierno ha devuelto únicamente al 27% de estas personas, según publica este lunes Vozpópuli.
Las cifras cubren el periodo desde 2022 hasta mediados de 2024. En 2022, se emitieron 2.793 órdenes de expulsión hacia Marruecos. La legislación española permite estos procedimientos para ciudadanos extranjeros que incumplan la ley orgánica 4/2000, que regula su integración en la sociedad.
El número de órdenes de expulsión disminuyó en 2023, con 2.359 casos, y en lo que va de 2024, con datos hasta el 31 de mayo, se han dictado 707 órdenes adicionales. En una respuesta escrita del Gobierno en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Popular, se detallan las expulsiones efectuadas: 596 en 2022, 654 en 2023 y 364 en 2024, sumando un total de 1.612 expulsiones.
Moncloa explicó a los diputados del PP que «los procedimientos de extranjería pueden durar meses», lo que puede resultar en que «expulsiones dictadas en un año sean ejecutadas en el año siguiente». Por lo tanto, el porcentaje de ejecuciones podría no ser indicativo.
No obstante, al considerar una muestra representativa de tres años, las 1.612 expulsiones realizadas equivalen al 27,51% de las 5.859 órdenes emitidas desde 2022.
La ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social estipula que los extranjeros expulsados no pueden entrar ni obtener un visado mientras dure la prohibición de entrada. Las expulsiones pueden ser ordenadas judicialmente, en casos previstos en el Código Penal, o administrativamente según la mencionada ley. Específicamente, se contempla la expulsión de extranjeros que cometan infracciones «muy graves» o hayan sido condenados por delitos sancionados con penas de prisión superiores a un año.
