España recibió a un total de 10.288 menores extranjeros no acompañados por vía marítima en pateras entre 2021 y 2023, según datos de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, sólo cinco fueron repatriados en ese periodo, todos en 2023, lo que equivale a un 0,05% del total, según datos de Eurostat a los que ha tenido acceso LA GACETA. Ni un solo menor fue devuelto en 2021 ni en 2022, algo que contrasta con la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que en su artículo 35 establece que los menores no acompañados deben ser repatriados a sus países de origen con sus tutores legales siempre que sea posible. Los datos revelan un sistema desbordado, con miles de llegadas, un alto número de presuntos adultos infiltrados y una respuesta mínima por parte del Gobierno.
Las llegadas no han parado de crecer. En 2021, llegaron un total de 3.048 menas, principalmente desde Marruecos (1.304) y Argelia (540). En 2022, la cifra bajó a 2.375, con Marruecos (1.235) y Argelia (402) a la cabeza. Pero en 2023, el número se disparó a 4.865, con Senegal (1.780) superando a Marruecos (1.075) y Argelia (472). La mayoría proviene de países sin conflictos armados, lo que descarta que sean refugiados. En el registro de menores no acompañados, Marruecos suma 4.083 de los 12.878 inscritos en 2023, consolidando al Magreb como origen dominante. Sólo casos puntuales, como los 60 menores ucranianos tutelados en Gerona en 2022 por la guerra, reflejan una necesidad humanitaria real.
Un dato llama la atención: más de la mitad de los supuestos menores podrían ser adultos, según fuentes policiales. Entre 2021 y 2023, se abrieron 18.904 diligencias para determinar la edad. De ellas, 5.354 personas fueron identificadas como mayores: 1.654 en 2021, 1.264 en 2022 y 2.436 en 2023. Además, 4.911 individuos abandonaron los centros antes de las pruebas —1.778 en 2021, 1.378 en 2022 y 1.755 en 2023—, un indicio de que temían ser descubiertos. En total, esto representa el 54% de los casos analizados en tres años. Las autoridades señalan que estos abandonos apuntan a una mayoría de edad no declarada, lo que plantea “serias dudas sobre quiénes están entrando al sistema de protección español”, según señalan los agentes a este medio.
Canarias, el epicentro del colapso
Canarias concentra el mayor impacto. En 2021 acogía a 2.399 de los 9.294 menas registrados, con retrasos en las inscripciones por la crisis sanitaria. En 2022, las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura enfrentaron tal crisis que el Defensor del Pueblo intervino ante el descontrol existente. En 2023 Tenerife y El Hierro recibían una media de 100 inmigrantes ilegales diarios desde agosto, acumulando 1.284 expedientes de edad en tres meses. El registro nacional de menores extranjeros no acompañados en sistemas de tutela, consultado por este medio, refleja el aumento: 9.294 menores en 2021, 11.417 en 2022 y 12.878 en 2023.
