El Gobierno contaba con al menos dos informes confidenciales acerca de la situación financiera de Plus Ultra que demostraban que no cumplía los requisitos para ser rescatada cuando le entregó 53 millones de euros. Además, Ciudadanos había encargado un tercero que llegaba a las mismas conclusiones. Vozpópuli desvela que el Ejecutivo tenía información de sobra acerca de la no idoneidad del rescate de la SEPI. Aún así, lo aprobó en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
El mismo medio, que accedió a los informes, explica que los dos primeros los elaboraron el Ministerio de Transportes y de organismos dependientes. Se hicieron con el único objetivo de hacer pasar el rescate por legal, y por ello extractos interesados se filtraron a los medios. Pero ocultaron los datos sobre la situación financiera de la aerolínea y su cuota de mercado. Éstos demostraban que la compañía no era estratégica ni cumplía los requisitos para un rescate. Ni siquiera era de titularidad española.
El tercer informe lo encargó el desaparecido partido Ciudadanos a la consultora Martín Molina, Abogados y Economistas. Este documento se aportó a las diligencias previas 597/2021 abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Casualmente, éstas decayeron porque la Audiencia Provincial de Madrid consideró que a la juez se la pasó el plazo para imputar a Plus Ultra.
Este documento concluye que Plus Ultra no era apta para recibir la ayuda del Gobierno y se concentra en el préstamo participativo de un banco panameño insuficiente. Lo pidió para no aparecer en causa de disolución y presentarse como compañía española y no venezolana. Pese a todos los datos disponibles, el Gobierno rescató en primer lugar a la aerolínea Air Europa en cuanto se aprobó el fondo pertinente, el otro rescate público más polémico de la pandemia. Después llegó el turno de la venezolana Plus Ultra, que tres años después sigue siendo una compañía aérea sin ningún peso estratégico y que opera una ínfima cantidad de vuelos.
