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FRANCINA ARMENGOL SE CONSIDERA PERJUDICADA POR KOLDO

Una parte del PSOE pide una salida digna para Ábalos para que no hable del Caso Delcy ni Plus Ultra

Ábalos en el Congreso. Europa Press.
Ábalos en el Congreso. Europa Press.

Sectores del Partido Socialista se encontrarían inquietos por el pulso entre la formación liderada por Pedro Sánchez y el todavía diputado José Luis Ábalos, según una información de Vozpópuli. Y es que varios sectores del PSOE estarían alarmados por las informaciones que puedan conocer Ábalos y Koldo García de grandes escándalos recientes como el encuentro con la vicepresidenta del narcorégimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas, y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

El PSOE está dividido tras la decisión de Ferraz de exigir a Ábalos que entregue su acta, y piden que se le permita tener una salida digna tanto del partido como del Congreso. Otros recuerdan también a Vozpópuli, que el malestar del ex ministro de Transportes podría perjudicar a otros cargos cercanos a Sánchez como el líder del PSC, Salvador Illa, la presidenta ex presidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ex presidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En concreto, la presidenta del Congreso ha asegurado este martes que los contratos del Gobierno balear que ella presidía con la empresa vinculada a Koldo fueron legales y, que en con todo caso, su Ejecutivo es un «afectado» de esa trama y en ningún caso cómplice de la misma.

«Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud», ha remarcado la presidenta del Congreso, quien ha explicado que en aquel momento se analizaban todas las opciones para adquirir el material sanitario que se necesitaba, llegaran de Ministerio de Fomento, de otras instituciones o incluso de empresas.

Según ha recordado, «todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, éste lo analizaba y contrataba». «Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma», ha detallado.

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