Decenas de inmigrantes ilegales gambianos durmieron en la calle y provocaron un incidente de tensión el pasado martes 28 de abril frente a la Embajada de Gambia en la capital. Habían pagado alrededor de 120 euros por la tramitación de pasaportes y certificados de vulnerabilidad, documentos imprescindibles para acogerse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo. Cuando se agotaron las citas disponibles, algunos intentaron saltar la valla del recinto consular. La Policía Nacional tuvo que intervenir para restablecer el orden y evitar que la situación derivara en algo mayor. Aquellas imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, no fueron un mero problema de gestión consular. Representan, según fuentes policiales consultadas por este medio, la punta visible de un problema mucho más grave y estructural que afecta a la veracidad de la documentación procedente de Gambia y otros países subsaharianos.
Según documentación policial interna a la que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA, la Brigada Provincial de Policía Científica y los servicios de Documentos vienen detectando desde hace más de un año graves irregularidades en los pasaportes expedidos por Gambia. El país africano cuenta con dos modelos de pasaporte en vigor: uno de lectura mecánica implantado en 2002 y otro biométrico con chip —que incorpora imagen facial y datos digitales de filiación— disponible desde 2013. Sin embargo, los peritos españoles observan de forma recurrente que numerosos ciudadanos gambianos presentan el modelo antiguo, el más sencillo y sin elementos biométricos avanzados, a pesar de que el sistema moderno lleva más de una década operativo.
Lo más preocupante es el procedimiento de expedición. Estos pasaportes no biométricos se emiten incluso cuando el titular no se presenta físicamente en Banjul, la capital de Gambia. Basta con que un apoderado o representante acuda en su nombre al Ministerio del Interior gambiano para obtener el documento. Además, en la inmensa mayoría de los casos analizados por la Policía Científica, las páginas destinadas a visados y controles fronterizos carecen por completo de cualquier sello de entrada en territorio español o de cualquier otra marca que acredite un paso legal por frontera. Esta ausencia sistemática genera dudas razonables sobre la autenticidad de los datos que constan en el pasaporte, especialmente las fechas de nacimiento y los datos de identidad.
Fuentes policiales confirman a LA GACETA que este patrón no se limita a Gambia. Se ha detectado una casuística similar en pasaportes procedentes de otros países subsaharianos, lo que ha llevado a las unidades de Documentos a alertar internamente de que no ofrecen las garantías suficientes para acreditar de forma fiable la identidad o la edad de sus portadores. Las discrepancias entre la fecha de nacimiento declarada en el pasaporte y la apariencia física real de la persona son, en muchos casos, evidentes e indubitadas. Cuando se practican pruebas médicas complementarias —como las radiológicas de muñeca o dental—, los resultados suelen revelar edades muy superiores a las declaradas.
Uno de los ejemplos más claros de cómo estas irregularidades se traducen en consecuencias prácticas es el ámbito de los menas. En varios procedimientos, personas que presentaban pasaportes gambianos con fechas de nacimiento que les atribuían menos de 18 años han resultado ser mayores de edad una vez sometidas a peritajes médicos. Mientras tanto, estos individuos habían accedido temporalmente al sistema de protección de menores, con los recursos públicos que ello implica. Aunque este contexto sirve para ilustrar el problema, las fuentes policiales advierten que el riesgo es mucho más amplio y afecta directamente a los procesos de regularización extraordinaria que el Gobierno está impulsando en la actualidad.
En estos procedimientos, la documentación del país de origen —especialmente el pasaporte— es un requisito fundamental para acreditar identidad y poder optar a un permiso de residencia o de trabajo. Un pasaporte «real» expedido por las autoridades gambianas, pero con datos falseados o manipulados en cuanto a edad o filiación, se convierte en una herramienta eficaz para burlar los controles. Una vez obtenido el documento consular, la persona puede iniciar trámites de regularización, acceder a prestaciones sociales, solicitar reagrupación familiar o incluso obtener autorización para permanecer legalmente en España. Todo ello sin que las autoridades españolas puedan verificar con plena fiabilidad la veracidad de los datos aportados.
Las fuentes policiales consultadas por LA GACETA subrayan que este problema se ha extendido y consolidado en los últimos años. Las unidades especializadas han venido informando internamente de la necesidad de aplicar criterios más estrictos de verificación documental en los casos procedentes de Gambia y otros países subsaharianos. Sin embargo, el volumen de solicitudes de «regularización» y la presión en los consulados —como quedó patente en el incidente de Madrid— hacen que los controles sean, en la práctica, insuficientes. El resultado es que se pueden estar regularizando identidades falsas o edades falseadas, con el consiguiente impacto en el control migratorio, el gasto público y la confianza en el sistema.
Las alertas internas de la Policía Científica han llegado a instancias superiores. Se han mantenido contactos con consulados y se han elaborado informes técnicos que ponen de manifiesto las debilidades del sistema de expedición de documentos en estos países. A pesar de ello, el proceso de regularización extraordinaria sigue exigiendo precisamente estos pasaportes sin que existan, al menos de forma generalizada, protocolos reforzados de pericial documental obligatoria. Esto genera que miles de inmigrantes ilegales puedan legalizar su situación en España con documentación que no refleja fielmente su identidad real.
El episodio vivido esta semana en la Embajada de Gambia no es, por tanto, un simple problema logístico de citas y colas. Es el síntoma más visible de un fallo estructural en la verificación de documentación subsahariana que, según la documentación policial interna, está siendo aprovechado para falsear identidades y edades con el fin de acceder a los beneficios de la regularización. Mientras el Gobierno avanza en su política de fronteras abiertas, las unidades técnicas de la Policía Nacional llevan años advirtiendo que, en el caso de ciertos pasaportes africanos, la falta de fiabilidad documental puede estar condicionando seriamente el control de la inmigración ilegal en España. La cuestión ya no es si existen irregularidades, sino hasta qué punto se están permitiendo que estas irregularidades determinen quién accede al profeso de regularización y quién no.
