El Gobierno Vasco ha dado un paso decisivo hacia la flexibilización del régimen penitenciario del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, al autorizarle un sistema de semilibertad de lunes a viernes que le permitirá abandonar la cárcel durante el día y regresar únicamente para pernoctar. La medida se articula mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula intermedia que evita el tercer grado, pero que acerca de facto al interno a la vida en libertad.
La decisión parte de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, y ha sido impulsada por el Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos. Según fuentes de este organismo, el régimen concedido se justifica en el avanzado cumplimiento de la condena y se presenta como una fase previa a la salida definitiva de prisión.
Este mecanismo permite al recluso salir del centro penitenciario de lunes a viernes, siempre que acredite un plan concreto de actividad. Para ello, el interno debe presentar un plan de ejecución en el que consten trabajos o tareas de voluntariado, junto con los horarios correspondientes. Durante esos días, la única obligación penitenciaria consiste en regresar a prisión para dormir.
El procedimiento todavía no se encuentra cerrado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe sobre la concesión de este régimen, aunque dicho pronunciamiento no tiene carácter vinculante. La última palabra corresponde al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, si bien desde el propio Departamento vasco de Justicia se reconoce que este tipo de decisiones rara vez se revocan.
Txeroki acumula condenas que suman cientos de años de prisión por su participación en distintos atentados terroristas. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, tras haber cumplido en Francia varias penas que superan los 30 años.
El exdirigente de ETA, natural de Bilbao y nacido en 1973, fue considerado uno de los máximos responsables de la organización terrorista hasta su detención en 2008. En 2011, la Audiencia Nacional le impuso una condena de 377 años de cárcel por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo, atentado perpetrado en febrero de 2002. La sentencia incluyó veinte delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos.
A esa condena se sumaron otras posteriores. En 2015 fue sentenciado a nueve años de prisión por ordenar el atentado con coche bomba cometido en agosto de 2007 en Oropesa, que causó importantes daños materiales. Tres años más tarde, en 2018, volvió a ser condenado a 18 años de cárcel por el intento de asesinato de la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero, mediante un paquete bomba enviado en enero de 2002.
Aunque su nombre apareció vinculado al asesinato del juez José María Lidón en Getxo, ocurrido en noviembre de 2001, finalmente fue absuelto por falta de pruebas. También se le relaciona con el atentado de la T4 de Barajas en diciembre de 2006, en el que murieron dos personas, un ataque que supuso la ruptura definitiva del proceso de diálogo entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, con el socialista vasco Jesús Eguiguren como interlocutor.
