No habrá comparecencias de expertos antes de la aprobación de la ley trans. Pese a que la presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió a celebrarlas como parte de la tramitación parlamentaria de la Ley, el Partido Socialista ha decidido cambiar de opinión en el último momento y dejar fuera del debate a quienes más información veraz pueden aportar sobre las consecuencias o riesgos de la nueva legislación.
Lo habitual es que esas comparecencias se produzcan antes de las reuniones de la ponencia, pero después de haber cerrado las enmiendas. Sin embargo, el pasado lunes Calvo convocó por sorpresa la ponencia para el miércoles en un intento de eliminar las críticas tanto de Podemos como del colectivo trans de que está buscando retrasar la aprobación de la norma. La excusa del PSOE y sus socios de Gobierno para vetar las comparecencias es que «no hay tiempo» ya que en sus previsiones la idea es que la ley se apruebe antes de fin de año.
La nueva maniobra socialista no ha sentado bien a las asociaciones feministas y agrupaciones de familias contrarias a esta ley. «Anteponen sus intereses partidistas al ejercicio más básico de cualquier democracia, que es la escucha a su ciudadanía -a toda, no sólo a aquellos que no cuestionan sus actuaciones-, ha denunciado la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA).
En un comunicado, AMANDA considera que «no es ético» legislar a espaldas del conocimiento científico y de la población. «No se puede pretender que se hace en pro de los Derechos Humanos, cuando se está faltando a algunos de los derechos más elementales de la infancia, como es el derecho a una atención médica integral, que debe incluir una valoración física y de salud mental del niño o la niña y su entorno ante malestares emocionales», añaden.
La agrupación recuerda que en otros países del mundo en los que se aprobaron legislaciones parecidas ahora se está dando marcha atrás y se están revisando. «Queremos manifestar nuestra incomprensión de su dejación en el ejercicio de sus funciones al obviar las revisiones sistemáticas que se están realizando en países de nuestro entorno de un modelo de atención y de un modelo legislativo que está demostrando ser lesivo para las generaciones más jóvenes«, explican.
AMANDA se refiere a lo ocurrido en países como Suecia que, tras convertirse en 2014 en uno de los pioneros en legislar a favor de la autodeterminación de género e impulsar una prestación pública para los cambios de sexo, vio cómo el número total de diagnósticos de disforia de género de niñas menores de edad aumentó en un 1.500%. En 2021 y después de sucesivos informes que alertaron de las consecuencias de los tratamientos y de casos de adolescentes arrepentidos, el país decidió cambiar la ley que hasta entonces permitía que los niños de 12 años tuvieran acceso a un cambio de género sin necesidad del consentimiento de sus padres. Hoy en Suecia está prohibido el uso de bloqueadores hormonales en menores de 18 años.
En Reino Unido se está siguiendo la misma línea. En verano se cerró la clínica Tavistock, referente en el tratamiento de cambio de sexo para menores, al considerar que no era «una opción segura».
También Finlandia elaboró el pasado año un nuevo protocolo en el que se advierte de la ausencia de efectos psicológicos positivos de los tratamientos hormonales, así como de los daños provocados por el bloqueo hormonal en adolescentes.
Mientras tanto, en España, la ley trans avanza. La reunión de la ponencia de este miércoles finalizó con el dictamen de la ley aprobado por prácticamente todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Popular y de VOX. Ese texto se elevará a la Comisión de Igualdad en la próxima semana del 12 de diciembre.
