Mikel Asiron, hijo del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, denunció a finales de agosto a un menor extranjero tutelado por el Gobierno de Navarra por lesiones y daños materiales, tras haber sido atacado frente al portal de uno de los pisos tutelados en los que trabajaba como psicólogo, situado en el pamplonés barrio de Mendebaldea. Según recoge la denuncia, el menor tutelado, de origen ecuatoriano, golpeó al hijo del alcalde y causó daños en su motocicleta, que estaba aparcada cerca del piso al que había acudido a trabajar el denunciante.
Mikel Asiron es graduado en psicología por la Universidad Pública de Pamplona y tiene un máster en Psicología General Sanitaria. Ha intentado en dos ocasiones obtener un puesto en la administración pública, sin haberlo logrado todavía.
El negocio de los menas delincuentes
Según el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, Mikel Asiron ejerce como psicólogo en la Asociación Educativa Berriztu. Se trata de una asociación vasca, con sede en Vizcaya, pero que cuenta con una delegación en Berriozar, un municipio de Navarra muy próximo a Pamplona.
Según su página web, esta asociación se fundó para llevar a cabo la creación, gestión y desarrollo de una nueva alternativa relacional de ayuda en el ámbito de justicia de menores. En este sentido, desarrolla su actividad con centros de internamiento, centros de día y servicios en medio abierto para personas menores y jóvenes que han incurrido en actos delictivos y sobre las que se han impuesto medidas desde un juzgado de menores en base a la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Por lo tanto, esta asociación es la responsable de la gestión del piso en el que vivía el menor extranjero que agredió a Mikel Asiron.
Como refleja el portal de contratación del Gobierno de Navarra, la Asociación Educativa Berriztu resultó adjudicataria, en diciembre de 2019, de un contrato por valor de 14,3 millones de euros para la gestión de 73 plazas mixtas de internamiento y medio abierto en el ámbito de reforma para menores infractores. El contrato se ha prorrogado hasta los 9 años por una cantidad de casi 45 millones de euros. El órgano de contratación encargado fue la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, dirigido por la consejera socialista María del Carmen Maeztu Villafranca, cargo que ocupa desde agosto de 2019.
El concierto del Gobierno de Navarra con la Asociación Educativa Berriztu fue adjudicado mediante resolución, el 13 de diciembre de 2019, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román, quien ocupa el cargo desde 2015. Pero en dicho portal no existe ningún dato sobre las ofertas presentadas para optar a ese concierto. Tampoco aparecen las valoraciones de las ofertas ni la puntuación obtenida por cada una de ellas. Tan sólo se muestra que, además de la Asociación Educativa Berriztu, se presentó la Fundación Amigó.
Por todo esto, VOX ha anunciado que solicitará en el Parlamento de Navarra «toda la información relativa a los contratos firmados entre el Gobierno de Navarra y sus departamentos y organismos dependientes con asociaciones, fundaciones, ONG y empresas, entre las que incluye a la Asociación Educativa Berriztu, para el acogimiento residencial de menores nacionales y extranjeros en Navarra desde el 1 de enero de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2025, además de los expedientes, actas de resolución e informes de dichas adjudicaciones».
Desde VOX consideran que han convertido el «acogimiento» de inmigrantes en situación ilegal «en el comercio de personas del siglo XXI». «Hay muchas personas lucrándose con este negocio, familiares incluidos, y vamos a destapar el tinglado que ha montado el Gobierno de la señora Chivite a costa de los impuestos de todos los navarros», ha concluido.
