Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la implicación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una trama de contratos millonarios relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia. Según este parte, fechado el 8 de octubre y firmado por la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Anticorrupción (UAFAC), Ábalos jugó un papel «crucial» para asegurar la ejecución de contratos que beneficiaron a la empresa Soluciones de Gestión, a pesar de que había ofertas más favorables en términos económicos.
En este contexto, la UCO ha señalado que el asesor de Ábalos, Koldo García, fue una pieza clave en la intermediación de los contratos. Koldo utilizó sus contactos en las altas esferas del poder para facilitar la colocación de mascarillas a precios inflados. El informe revela que, en agosto de 2020, Koldo García mantuvo conversaciones con diversas personalidades, entre ellas la entonces presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En una de las comunicaciones, García le pidió a Armengol que le pusiera en contacto con la consejera de Salud balear, Patricia Gómez, para proponerle una venta, a lo que ella respondió: «Cariño, te mantengo informada«.
Estos contactos resultaron fundamentales para cerrar la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en Baleares y Canarias, firmada por Armengol y Torres, entonces presidentes de ambas comunidades autónomas. Además, la relación cercana entre Koldo y Armengol, como queda demostrado en sus mensajes, facilitó la contratación de las empresas Eurofins Megalab y Fertinvest para realizar pruebas PCR a los residentes baleares que viajaban desde la península.
En Canarias, el informe destaca que Ángel Víctor Torres también mantuvo conversaciones con Koldo a través de WhatsApp, lo que permitió que finalmente se adquirieran pruebas PCR de la firma Megalab, vinculada a la trama. Koldo García, en un mensaje posterior, indicó que «Torres nos debe una gordísima».
Por otro lado, el informe recoge otro episodio relevante, conocido como Delcygate, en el que se constata que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, autorizó personalmente un encuentro «discreto» entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este encuentro fue gestionado a través de mensajes de WhatsApp, en los que Ábalos informó a Sánchez sobre la llegada de Rodríguez y su deseo de reunirse con él en privado. El presidente respondió escuetamente: «Bien«.
Este informe, que consta de más de 200 páginas, apunta a que Ábalos podría enfrentarse a graves consecuencias judiciales, dado que su actuación fue determinante para que los contratos con Puertos del Estado y Soluciones de Gestión se llevaran a cabo, incluso a pesar de que existían ofertas más competitivas. Según la UCO, Ábalos no solo estaba al tanto de los detalles, sino que fue esencial para que las adjudicaciones se realizaran a favor de la trama encabezada por Víctor de Aldama, empresario vinculado a Soluciones de Gestión.
