El cerco judicial al Partido Socialista se estrecha. El Tribunal Supremo estudia ya la posible imputación del PSOE como persona jurídica por un delito de financiación ilegal, tras los demoledores indicios recogidos en un informe de la Guardia Civil que salpica de lleno a los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de al exasesor Koldo García.
Según revela El Mundo, fuentes de la investigación consideran «una probabilidad, no una mera posibilidad» que el PSOE termine siendo imputado, a medida que avanza la instrucción por el cobro masivo de comisiones ilegales a través del amaño de contratos públicos. La pregunta que ya ronda al juez instructor Leopoldo Puente y al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón es clara: ¿parte de ese dinero acabó en las arcas del PSOE?
Las próximas declaraciones ante el Supremo de Ábalos y Koldo, previstas para el 24 de junio, y de Cerdán al día siguiente, serán claves para el futuro judicial de los tres socialistas. El informe de 490 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no deja lugar a dudas: los indicios son sólidos y comprometedores. En particular, las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 dejan un rastro difícil de ignorar.
El propio magistrado de la Sala Segunda ofreció a Cerdán la posibilidad de declarar voluntariamente en su condición de diputado, nada más levantarse el secreto de sumario. La colaboración del empresario Víctor de Aldama, por su parte, ha contribuido a reforzar la acusación, y las miradas se centran ahora en Koldo, cuya batería de grabaciones ha puesto en jaque tanto al Gobierno como al PSOE.
En sus declaraciones, Aldama no sólo reconoció un sistema de «cupos» territoriales para el reparto de contratos, sino que afirmó ante el Supremo que Ábalos y Koldo le confesaron que parte de las comisiones iban destinadas “al partido”. Un extremo que la investigación considera plausible y que refuerza las sospechas de una financiación opaca del PSOE.
Otro punto clave será el análisis del material incautado durante los registros practicados en constructoras de Navarra, Toledo, Granada y Valencia, así como en los domicilios de los principales implicados. Entre ellos figuran, además de Ábalos, los empresarios Joseba Antxon Alonso, de Servinabar, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, y José Ruz, junto a los hermanos Fernández Menéndez, vinculados a Obras Públicas y Regadíos (OPR).
En el informe, la UCO subraya un intercambio de mensajes en el que se utiliza el término «ganadería» como código para referirse a partidos políticos, en este caso el PSOE. En concreto, Koldo preguntaba a Ruz «de qué ganadería» era un ayuntamiento con el que quería establecer tratos, lo que apuntaría a un control político directo sobre la adjudicación de contratos.
El Código Penal contempla desde 2012 la responsabilidad penal de los partidos políticos, y desde 2015, tras el escándalo de los papeles de Bárcenas, endureció los castigos por financiación irregular. Con los nuevos indicios, la imputación del PSOE por este delito se perfila cada vez más como un desenlace probable.
