En el curso 2024-2025, hubo 121 centros educativos en Cataluña que ofrecieron clases de lengua árabe y cultura marroquí a unos 2.000 alumnos, en su mayoría hijos de familias procedentes del norte de África. Esta actividad forma parte del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, una iniciativa promovida y financiada por el Gobierno de Marruecos con el fin de difundir su idioma y tradiciones entre la población escolar asentada en España.
El programa se desarrolla en horario extraescolar y cuenta con docentes funcionarios del Ministerio de Educación marroquí, coordinados directamente por la Embajada del país en Madrid. En las aulas catalanas se imparte tanto en Primaria como en Secundaria, y aunque está pensado para alumnos de origen árabe, también permite la participación de otros estudiantes interesados en el aprendizaje del idioma y la cultura del reino alauita.
La Fundación Hassan II, dependiente del Ejecutivo marroquí, es la encargada de sufragar el proyecto, que opera al amparo del convenio cultural firmado entre Rabat y Madrid en 1980 y que se puso en marcha una vez ratificado en 2013. Las escuelas españolas únicamente facilitan las aulas y el espacio físico, sin intervenir en los contenidos ni en la contratación de los profesores.
Según la información recopilada por The Objective, la provincia de Barcelona concentra la mayoría de los centros adheridos, con 64 colegios y cerca de un millar de alumnos. Le siguen Gerona con 18 centros y unos 400 estudiantes, Tarragona con 26 centros y 300 inscritos, y Lérida con otros 13 centros y 300 participantes más.
VOX ha cuestionado la continuidad de este programa en Cataluña y ha exigido al Govern datos precisos sobre su implantación y supervisión. El partido liderado por Ignacio Garriga considera que estas clases «ponen en riesgo la cohesión social y la identidad cultural» y ha solicitado que se eliminen, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que recientemente decidió suprimir la iniciativa.
Los diputados autonómicos de VOX han registrado una batería de preguntas en el Parlamento catalán para que la Generalitat aclare qué control ejerce sobre los contenidos y qué tipo de revisión se realiza del perfil del profesorado extranjero. También piden conocer si existe algún tipo de gasto directo o indirecto asumido por la Administración catalana.
