La fábrica Santana Motor en Linares cerró en febrero de 2011, tras 55 años de funcionamiento. Entre 2009 y 2011, la Junta de Andalucía le inyectó casi 137 millones de euros en ayudas y subsidios. Sin embargo, estos fondos no lograron salvar la empresa.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está en medio de varias investigaciones sobre el uso de ese dinero público. El juez José Ignacio Villaplana ha dictado apertura de juicio oral contra seis exfuncionarios del Gobierno andaluz del PSOE. La investigación, que comenzó en 2015, se centra en un préstamo «ficticio» de 36.105.544 euros a Santana Motor, otorgado por la agencia IDEA.
Para dar un aire de legalidad a la ayuda, el 15 de diciembre de 2009 se firmó un convenio entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA. Según el instructor en su auto previo de procesamiento, el préstamo se manipuló para que fuera una ayuda a fondo perdido. Esto se hizo con pleno conocimiento de que no sería reintegrado. Además, en el momento de la firma, Santana Motor ya era insolvente y estaba en liquidación.
Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión que suman 36 años y medio, junto con 85 años y seis meses de inhabilitación absoluta para los acusados. También demanda una indemnización de 36,1 millones de euros para los tres principales implicados.
