El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya se plantea la posible imputación del PSOE por un presunto delito de organización criminal dentro de la investigación conocida como trama Sepi. Según distintas fuentes jurídicas han avanzado a Libertad Digital, el magistrado estaría analizando los mecanismos legales necesarios para atribuir responsabilidad penal al partido como persona jurídica, una posibilidad que cobraría fuerza a medida que avanzan las diligencias.
La legislación española contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando determinados delitos se cometen en su nombre, por su cuenta o en beneficio de la entidad. En este contexto, los artículos 31 bis y 570 quáter del Código Penal permiten exigir responsabilidades a organizaciones implicadas en actividades relacionadas con estructuras criminales. Entre las consecuencias previstas figuran multas de elevada cuantía, la suspensión de actividades, la prohibición de contratar con la Administración e incluso, en los supuestos más graves, la disolución de la entidad.
La investigación dirigida por Pedraz se centra en una presunta red integrada, entre otros, por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. Todos ellos están siendo investigados por una batería de delitos que incluye organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación e inducción al falso testimonio. En la causa también figuran el abogado Jacobo Teijelo Casanova y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.
Uno de los elementos que habría llamado especialmente la atención del instructor es la supuesta utilización de recursos vinculados al PSOE para el desarrollo de las actividades investigadas. En una resolución judicial, Pedraz destacó la existencia de una aparente unidad de actuación y coordinación que, según los indicios recabados, habría permitido a la estructura investigada servirse de medios materiales, personal administrativo, dependencias y recursos logísticos relacionados con la organización política.
El magistrado también puso el foco sobre el papel atribuido a Santos Cerdán durante el periodo investigado. Según la resolución, el entonces responsable de Organización del PSOE habría facilitado el uso de la infraestructura del partido para respaldar determinadas actuaciones que ahora se encuentran bajo examen judicial. Asimismo, la investigación analiza la supuesta participación de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes, en la emisión de encargos que habrían servido para generar facturas presuntamente falsas destinadas a canalizar fondos hacia Leire Díez.
Las pesquisas continúan ampliándose. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó recientemente acceder a los movimientos bancarios de cuentas vinculadas al PSOE desde 2024 hasta la actualidad. Además, durante el registro efectuado en la sede socialista de la calle Ferraz el pasado 27 de mayo, los investigadores reclamaron documentación relativa al denominado Programa de Cumplimiento Normativo o sistema de compliance del partido, una actuación que algunos especialistas consideran habitual cuando se estudia una eventual responsabilidad penal de una organización.
Las mismas fuentes sostienen que el PSOE podría verse afectado por dos procedimientos distintos. Por un lado, la investigación sobre una supuesta financiación irregular que dirige el magistrado Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Por otro, la causa instruida por Pedraz sobre la trama Sepi, en la que la formación podría acabar siendo investigada no sólo por organización criminal, sino también por un posible delito de cohecho.
Antes de adoptar una decisión definitiva sobre el partido, la estrategia procesal pasaría por completar las declaraciones de todos los investigados y avanzar en el análisis de la documentación incautada. Una vez concluidas esas diligencias, el juez valorará si existen indicios suficientes para citar formalmente al PSOE como persona jurídica dentro del procedimiento.
