El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha decidido imputar por presunta malversación de fondos públicos a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez, tras considerar indicios de desvío de recursos entre Moncloa y la cátedra que dirige Gómez en la Universidad Complutense. Ambas han sido citadas nuevamente a declarar los días 10 y 11 de septiembre.
El auto judicial se sustenta en un turno de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 12 de junio, que otorgó luz verde a la ampliación de la investigación pese al rechazo del Tribunal Supremo de indagar al ministro Félix Bolaños por hechos similares.
La acusación, firmemente rechazada por la defensa, señala que Álvarez pudo usar su posición como asesora para favorecer intereses privados de Gómez, con fondos públicos. La Audiencia Provincial avaló esta línea pese a considerar errónea su citación inicial como testigo, sustentando que existen indicios suficientes para mantener la imputación.
Este nuevo episodio alimenta un caso que se inició en 2024 por posible tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional, vinculado a la cátedra y máster de transformación social que Gómez dirigía en la UCM. Ya se investiga a Cristina Álvarez, Francisco Martín (delegado del Gobierno en Madrid), y al empresario Juan Carlos Barrabés, entre otros. Las acusaciones incluyen el uso indebido de software y contratos públicos.
La imputación de septiembre se suma a una larga cadena de diligencias que ya habían involucrado al ministro Bolaños, aunque el Tribunal Supremo rechazó investigarlo por falta de indicios creíbles.
