El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha rechazado «por el momento» procesar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato únicamente por las presuntas comisiones de 835.000 euros recibidas por publicidad de Bankia, al entender que están «íntimamente» relacionadas con otros delitos investigados.
En un auto, el magistrado Antonio Serrano-Arnal descarta la petición de la Fiscalía Anticorrupción dados los vínculos de estas pesquisas con el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales objetos de seguimiento en las distintas piezas separadas de las que se compone el caso.
Fechado el pasado 4 de junio, la fiscal Elena Lorente aseguraba que Rato, con el objetivo de cobrar estas comisiones, «se sirvió de íntimos colaboradores», entre ellos Alberto Portuondo, contratado como asesor externo de Caja Madrid a principios de 2010; la secretaria personal del político, Teresa Arellano, y su «amigo» y exconsejero de la entidad, José Manuel Fernández Norniella.
El documento, fechado el pasado 4 de junio y conocido hoy, asegura que «a los efectos del control absoluto», el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) «colocó» en el equipo de comunicación y publicidad del banco a personas del «círculo» contra las que también se dirige la causa.
Éstos constituyeron un «auténtico grupo de presión» que actuó como «núcleo duro a las órdenes y beneficio» de Rato, indica Fiscalía, para la que debería abrirse juicio además a las agencias y a ocho de sus directivos, incluidos Miguel Ángel Furones y Sergio Lorca, al frente de Publicis y Zenith, respectivamente, en el momento de los hechos.
Si bien el representante legal de ambas compañías defendió ante el juez la «perfecta legalidad» de su relación con Portuondo, para la acusación sus gestores «eran conocedores de la irregular finalidad de las comisiones abonadas a Albisa, colaborando activamente por el cargo que ocupaban».
A tenor del documento, las comisiones recibidas por Kradonara 2001 ascendieron a 474.416 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012.
En declaraciones a Efe, Rato ha criticado que Anticorrupción haya realizado tal petición sin haber examinado las últimas pruebas ordenadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado abril instó al magistrado para que requiriese a Bankia las propuestas de todas las agencias.
Sobre ello, el exministro ha dicho que la documentación enviada ahora por la entidad «indica que los procedimientos internos se respetaron», y ha insistido en que «en ningún momento» la Fiscalía ha probado que se hayan vulnerado los procedimientos de adjudicación o que se perjudicara al banco.
Además, ha señalado que en septiembre de 2015 aportó al juez las actas que reconocían a Publicis y Zenith como ganadoras de los baremos técnicos propuestos en creatividad y medios.
Pese a desestimar la petición principal, el titular del juzgado atiende la prueba documental solicitada e incorpora al procedimiento, entre otros, atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en 2017 avisó de que el político habría empleado mercantiles domiciliadas en el extranjero sin actividad conocida con fines defraudatorios.
A finales de mayo, la Audiencia de Madrid rechazó el archivo de estas pesquisas al valorar sus nexos con el resto de piezas, por lo que Rato deberá prestar declaración en una fecha aún por concretar.
Pese a desestimar la petición principal del Ministerio Público, el juez atiende la prueba documental solicitada e incorpora al procedimiento documentación procedente de ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, así como de atestados y oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
