Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla las posibles irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. El documento ya ha sido remitido a la jueza Beatriz Biedma, quien lleva la investigación.
El caso se remonta a octubre de 2016, cuando el entonces presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, expresó públicamente su preocupación por el «excesivo personal» a sueldo del Área de Cultura de la institución. Sin embargo, sólo seis días después de esas declaraciones, la Diputación aprobó con carácter «urgente» la creación de un puesto de alta dirección destinado a la coordinación de los conservatorios de la provincia, que fue asignado directamente a David Sánchez.
Según el informe de la UCO, la creación de este cargo no estaba incluida en la memoria justificativa en la que el Área de Cultura de la Diputación había detallado sus necesidades económicas y organizativas. La solicitud para crear este nuevo puesto fue presentada por el Departamento de Recursos Humanos, lo que ha despertado sospechas sobre la naturaleza del procedimiento y su cumplimiento con la normativa.
El caso ha generado controversia debido a que David Sánchez fue seleccionado para un puesto creado ad hoc, lo que ha llevado a cuestionar si su contratación respondía a criterios objetivos o a posibles influencias políticas. Este hecho contradice las declaraciones iniciales de Gallardo sobre la necesidad de reducir el personal en el Área de Cultura.
La investigación judicial pretende determinar si se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de contratación. Por su parte, la Diputación de Badajoz aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Este caso pone de manifiesto las tensiones entre la gestión de los recursos públicos y las posibles injerencias políticas en los nombramientos de alta dirección.
