“Todas las pruebas obtenidas gracias a ese dispositivo podrían ser declaradas ilegales si no ha habido una autorización previa para colocarlo”, confirma a La Gaceta el abogado penalista Antonio Alberca.
El pasado viernes la Fiscalía belga de Brabante Valón confirmaba que investiga si se colocó -y sobre todo quién lo colocó- un dispositivo de geolocalización en el vehículo de matrícula belga empleado por el expresidente catalán Carles Puigdemont durante su estancia en el país y en el que fue detenido cuando atravesaba Alemania.
Una “investigación en curso» que llegaba a partir de la denuncia de los «colaboradores de Puigdemont», según reconocía la Justicia belga, que añadía: “estamos buscando de dónde viene, quién ha podido colocarlo».
‘Vigilado al milímetro’
Y es que, desde que el juez Pablo Llarena dictó la orden de detención internacional contra Puigdemont, tanto la Policía Nacional como el CNI activaron todos sus dispositivos internacionales y lo estaban vigilando “al milímetro”, a pesar de que desde su entorno se empeñaban en lanzar mensajes equívocos sobre sus movimientos.
El líder separatista pretendía viajar por carretera desde Finlandia a través de Dinamarca para volver a Bélgica. En cuanto los agentes tuvieron constancia de que su ruta pasaba por territorio alemán, no perdieron tiempo e inmediatamente pusieron en conocimiento de las autoridades alemanas los datos del vehículo con matrícula belga que transportaba al expresidente catalán para que procedieran a su detención. La información suministrada entre ambos países fue, tal y como ha admitido la Policía alemana, “clave en la captura”.
¿Podría anular la Justicia alemana la detención de Puigdemont?
Fueron doce agentes del Centro Nacional de Inteligencias (CNI) los que se ocuparon de vigilar a Puigdemont desde Bruselas hasta Helsinki, un trayecto que hizo en avión. Estos fueron relevados después por investigadores de la Comisaría General de Información, que se encargaron de tener controlado al expresidente en su viaje de regreso a Bélgica en coche. Previamente se había colocado el citado dispositivo de geolocalización en el vehículo de Puigdemont.
Y ahí está la clave. En quién lo colocó y en quién lo ha denunciado. Porque, de demostrar la Fiscalía belga que el dispositivo de geolocalización fue colocado por el CNI o por la Policía Nacional, todas las actuaciones posteriores a la colocación del dispositivo podrían quedar contaminadas.
Así lo confirma a La Gaceta el abogado penalista Antonio Alberca, que señala que “todas las pruebas obtenidas gracias a ese dispositivo podrían ser declaradas ilegales si no ha habido una autorización previa para colocarlo”. Una autorización quizá a petición de la Justicia española pero con el visto bueno de la Justicia belga, en caso de que el dispositivo se hubiera, presuntamente, colocado en el país.
Pero podemos ir aún más lejos: si las autoridades belgas -o los abogados de Carles Puigdemont- pudieran demostrar que la detención del expresidente se produjo gracias a información obtenida, presuntamente, por un geolocalizador no autorizado, la Justicia alemana podría verse obligada a anular tanto la detención como las actuaciones posteriores, según señala Alberca, que recuerda, eso sí, que “ahí entran en juego las leyes procesales alemanas”.
¿Quién dio la orden de colocar el geolocalizador?
Fuentes policiales consultadas por La Gaceta recuerdan que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en diciembre de 2015, cualquier artificio técnico de geolocalización que tenga una relación directa o indirecta con una persona y por lo tanto pueda afectar al derecho a la intimidad exige indefectiblemente autorización judicial.
Explican que “toda la investigación la ha realizado el CNI, que a su vez ponía la información en conocimiento de la Brigada de Información de la Policía Nacional”. El geolocalizador, aseguran, “lo colocó el CNI, porque son labores de espionaje y, además, la Policía no tiene competencias fuera de España”.
¿Y quién dio la orden? “Si fue el CNI, la orden la dio Soraya Sáenz de Santamaría o, al menos, la actuación se hizo con su aprobación”, afirman las fuentes consultadas, que, si bien reivindican que “la actuación ha sido muy buena”, admiten por otro lado que “ha sido una metedura de pata revelar que Puigdemont estaba siendo controlado gracias a la colocación de un geolocalizador«. «Está fuera de lugar jactarse de ello”, añaden.
No obstante, ni los agentes del CNI ni los policías españoles intervinieron en la detención del expresidente. La inteligencia española ha actuado, defienden, ajustándose al artículo 1 de la ley reguladora del centro, que establece que su misión es neutralizar el riesgo o amenaza contra la seguridad nacional, la integridad territorial o la estabilidad contra el Estado de derecho.
El CNI: 3.500 agentes por la seguridad y defensa de España
Desde diciembre de 2011, el CNI -organismo estatal encargado de conocer e informar al Gobierno de aquello que pueda afectar a la seguridad, estabilidad y defensa del Estado– depende del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, al frente del cual se encuentra la vicepresidenta del Gobierno.
El CNI es la forma que el Gobierno tiene de «obtener información no alcanzable por otros organismos» para «proteger los intereses políticos, económicos, estratégicos o industriales» del país. Maneja un presupuesto anual de 261 millones de euros (en los Presupuestos Generales de 2018 la cifra se incrementa un 8%, hasta los 281,95 millones) y una plantilla de alrededor de 3.500 agentes, parte de ellos procedente de la carrera militar. También tiene un total de 60 «antenas» repartidas por todo el mundo para captar información de nuestros aliados y de posibles enemigos.