Los secuestros parentales están registrando un alarmante incremento en España, con cerca de 500 casos reportados en 2023, según el Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), entidad dependiente del Ministerio del Interior. Este fenómeno, que implica la retención o traslado ilegal de menores por parte de uno de los progenitores, sigue siendo una realidad invisible para muchos, con datos que hasta ahora no habían sido suficientemente desglosados. Por primera vez, el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha proporcionado estadísticas detalladas sobre el perfil de los responsables de estos delitos a petición de The Objective.
Los datos revelan que el 63% de estos casos son cometidos por madres, una cifra que ha generado controversia por el aparente silencio gubernamental sobre este tema. Entre 2017 y 2022, 143 personas fueron condenadas por sustracción parental: 90 mujeres frente a 53 hombres, según los registros judiciales.
El aumento de estos casos ha sido denunciado por la Asociación de Niños sin Derechos (NISDE), cuyo presidente, Javier Somoza, subraya que el sistema judicial enfrenta serias deficiencias en el tratamiento de estos delitos. «En 2022 se abrieron 1339 diligencias por sustracción de menores, pero solo 45 concluyeron en condenas», señaló Somoza. La asociación considera que «los menores son tratados como efectos colaterales en conflictos de pareja» y que la falta de un sistema estadístico similar al VioGén, que recoge datos sobre violencia de género, perpetúa esta invisibilidad.
Este patrón no es exclusivo de España. A nivel global, el 73,8% de los secuestros parentales son llevados a cabo por mujeres, según el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. En España, esta realidad choca con la narrativa oficial del Ejecutivo, que en la pasada legislatura indultó a varias mujeres condenadas por estos delitos, refiriéndose a ellas como «madres protectoras».
Las sustracciones suelen ocurrir cuando uno de los progenitores traslada al menor a otro país o lo retiene sin el consentimiento del otro progenitor con patria potestad. Según NISDE, este delito vulnera derechos fundamentales de ambos progenitores y genera un grave perjuicio para los menores implicados.
El caso de los secuestros parentales presenta similitudes con el de los filicidios, donde también existe una falta de datos claros. Aunque el Ministerio de Igualdad contabilizó solo ocho casos de violencia vicaria en 2022, periodistas especializadas como Ana Sharife aseguran que hubo al menos 22 filicidios ese año, de los cuales 14 fueron cometidos por madres. En una respuesta parlamentaria de 2022, el Ministerio de Justicia confirmó que en los últimos 15 años, 26 menores fueron asesinados por sus madres, frente a 24 por sus padres, un dato que resalta la necesidad de una mayor transparencia.
Mientras las cifras completas de 2023 y 2024 aún no se han publicado, organizaciones como NISDE alertan que el problema está alcanzando niveles críticos, destacando la urgente necesidad de una reforma del sistema que priorice la protección de los menores y garantice datos más precisos y accesibles.
