El pasado jueves 13 de noviembre, en un acto organizado por el medio elDiario.es sobre movilidad sostenible, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a señalar a los conductores de vehículos privados, a quienes acusó de usar su coche de manera «irracional». En ese foro, el ministro defendió la política climática municipal y la implantación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas.
Puente justificó estas restricciones asegurando que el “modelo urbanístico europeo” gira en torno a un centro histórico y que el vehículo privado “se ha ido imponiendo sin orden”, lo que, según él, provoca que muchos desplazamientos entre barrios periféricos atraviesen innecesariamente el centro urbano. Para reforzar su argumento recurrió a Valladolid, ciudad que dirigió como alcalde, donde asegura que buena parte de los trayectos periféricos cruzan el casco urbano.
El ministro, recoge Libertad Digital, aprovechó la intervención para cargar contra quienes utilizan su coche para distancias reducidas. Aseguró que, en ciudades de tamaño medio, “uno de cada cinco desplazamientos en coche no supera el kilómetro”, algo que, a su juicio, evidencia la necesidad de imponer “criterios de racionalidad”. Con este argumento, Puente defendió abiertamente el endurecimiento de las limitaciones al vehículo privado.
En esa línea, sostuvo que no basta con ofrecer un transporte público de calidad: la solución, según él, pasa por desincentivar directamente el uso del coche mediante “limitaciones o prohibiciones”. Por ello justificó la creación de áreas restringidas “muy pequeñas”, diseñadas para reducir el tráfico y forzar un cambio de hábitos en los ciudadanos.
Puente también trató de aliviar el rechazo social a las zonas de bajas emisiones asegurando que la prohibición no es absoluta. Defendió que existen excepciones para acudir a consultas médicas o acceder a determinados aparcamientos, intentando desmontar lo que denominó “bulos”. Con esta lista de salvedades dio por hecho que estas áreas “reducen los desplazamientos en coche”.
Finalmente, el ministro negó que estas medidas perjudiquen a las clases trabajadoras. Aseguró que no se trata de un castigo, sino de una “racionalización del coche privado”, insistiendo en que su objetivo es limitar lo que considera usos “irracionales” del vehículo en las ciudades.
