La alimentación de un inmigrante ilegal acogido en un centro es hasta tres veces más cara que la de un anciano que vive en una residencia de mayores o un soldado. Son datos de contratos públicos y documentos oficiales que revelan el coste diario de los menús en distintos servicios del Estado. En concreto, alimentar a una persona en un centro de acogida para inmigrantes cuesta 21,04 euros al día, según figura en el presupuesto de licitación del centro Primo de Rivera. En contraste, un militar recibe una asignación de 8,47 euros al día para su manutención y un residente en una residencia de la Comunidad de Madrid apenas 6,85 euros diarios.
Los menús en los centros para inmigrantes incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena, con una variedad que contempla primer plato, segundo plato con guarnición, pan, postre y medio litro de agua, además de menús especiales como halal, sin cerdo, para diabéticos o dietas hiposódicas. La merienda, por ejemplo, puede incluir leche con cacao, fruta, bollería, quesitos, crema de cacao o mermelada. El desayuno incorpora bollos, zumos sin azúcar, fruta fresca, galletas y bebidas calientes. Todo ello servido en recipientes homologados, con atención a intolerancias y bajo supervisión de empresas contratadas con fondos públicos.
Por comparación, el módulo presupuestario fijado por el Ministerio de Defensa para alimentar a sus soldados es sensiblemente más bajo: 8,47 euros por día y persona, según el Boletín Oficial de Defensa del 26 de enero de 2024. Este importe puede variar en situaciones excepcionales, pero representa la base para la asignación de recursos alimentarios a las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los mayores atendidos en residencias públicas de Madrid, el precio por menú completo —con desayuno, comida, merienda y cena— se sitúa en 6,85 euros diarios, tal como se recoge en la resolución de adjudicación del contrato a ALESSA Catering Services por más de 3,9 millones de euros para el suministro alimentario en cinco centros. En esta categoría, incluso los suplementos para dietas especiales o celebraciones elevan ligeramente los costes, pero no alcanzan los niveles de gasto destinados a los centros de acogida.
Estos datos, que surgen de documentos del Grupo Tragsa, del Boletín Oficial de Defensa y de contratos públicos autonómicos, reavivan el debate sobre la priorización del gasto público y el equilibrio en el trato presupuestario entre colectivos vulnerables o esenciales para el Estado. El contraste es aún más significativo cuando se observa que, mientras se aplican criterios de contención en las residencias de mayores o el Ejército, el sistema de acogida a inmigrantes opera con estándares notablemente superiores en términos de gasto alimentario por persona.
