La ONG Quorum Social 77, investigada por presuntos malos tratos, lesiones, delitos de odio y amenazas a menores migrantes no acompañados (menas) en Canarias, busca ahora voluntarios entre sus propios trabajadores para un posible nuevo proyecto en Ceuta.

Un comunicado interno difundido este martes y avanzado por @CanarioToday revela que la entidad, con sede en el archipiélago y especializada en la gestión de centros de menas, plantea «la posibilidad de poner en marcha un nuevo proyecto en Ceuta». Aunque admite que aún no hay fecha confirmada, pide a su personal que se ofrezca a desplazarse. Solicita nombre y apellidos, DNI, turno y centro al que pertenecen, «únicamente para conocer la disponibilidad y poder organizar el proyecto cuando tengamos más información».

Quorum Social 77 se convirtió en uno de los principales operadores del sistema de acogida canario. Llegó a gestionar cerca de un tercio de los menores tutelados —en torno a 1.925 plazas en su momento álgido— y a facturar cifras millonarias con fondos públicos: más de 150 millones de euros entre 2023 y 2025, según informaciones periodísticas, a un ritmo que en 2025 se estimó en unos 90-94 euros diarios por menor.

La investigación judicial, dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas, se activó en 2025 tras denuncias de menores, un vídeo con insultos racistas («negro de mierda») y partes médicos de lesiones. Se clausuraron al menos dos centros (La Fortaleza I, en Santa Brígida, y el de Arinaga) y fueron detenidos una quincena de trabajadores, entre ellos la presidenta, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana, militante del PSOE. Quedaron en libertad con cargos. La causa, bautizada Operación Cábila, ha seguido con registros posteriores, incluido uno en Tenerife en 2026.

Pese a los centros cerrados, las detenciones y las críticas por un modelo de acogida saturado y con escaso control, la ONG mantiene recursos abiertos en Canarias y ahora explora Ceuta, ciudad que ha vivido episodios de fuerte presión migratoria. El llamamiento interno a sus empleados, interpretado por críticos como un movimiento para ampliar el negocio allí donde hay llegada de inmigrantes, reabre el debate sobre si determinadas entidades priorizan la captación de contratos públicos frente a la protección real de los menores que tutelan. El que no corre, vuela, resumen quienes siguen el rastro del dinero.