En Trasmulas, junto a la A-92 que une Sevilla y Almería a su paso por la provincia de Granada, decenas de olivos han sido arrancados para abrir espacio a una instalación fotovoltaica. A escasos metros del río Genil, dos ejemplares centenarios permanecen en pie rodeados de hileras de árboles tumbados, mientras al otro lado de la carretera se extiende un amplio campo de placas solares que anticipa el nuevo destino de la zona. Las imágenes, difundidas en redes sociales, han reabierto el debate sobre el trasfondo económico y político de estos proyectos.
La abogada especializada en Derecho del Agua y presidenta de Aguaiuris, Pilar Esquinas, ha denunciado públicamente la destrucción del olivar tradicional. En un vídeo que suma cientos de miles de visualizaciones, expresa su dolor ante la tala de árboles milenarios y cuestiona que la sustitución de explotaciones agrícolas por parques solares responda únicamente a criterios energéticos.
En conversación con El Debate, Esquinas sostiene que la clave se encuentra en los derechos de uso del agua vinculados al suelo. Explica que cuando una empresa logra la autorización de una planta fotovoltaica adquiere derechos industriales sobre el agua superficial y subterránea asociada a esos terrenos. Según su análisis, sociedades con un capital social reducido pueden hacerse con esos derechos, que en el futuro podrían comercializarse.
La presidenta de Aguaiuris enmarca esta situación en la creación de un mercado del agua. Recuerda que este recurso comenzó a cotizar en el mercado de futuros en 2021 y apunta a la entrada en funcionamiento del Banco Nacional del Agua prevista para 2030. A su juicio, España estaría transfiriendo derechos hídricos a sociedades anónimas vinculadas a fondos de inversión.
Esquinas sitúa el origen de este modelo en 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adaptó la Directiva Marco del Agua y transformó la tasa en precio. Señala también a la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como figura relevante en la activación del Banco de Agua al que se acogió España. En su interpretación, ese cambio normativo abrió la puerta a un sistema que hoy facilita la sustitución de cultivos tradicionales por infraestructuras energéticas.
La jurista menciona igualmente a la exministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico Teresa Ribera, a quien atribuye la concesión de autorizaciones ambientales contrarias a la normativa en favor de promotores, aunque insiste en que el planteamiento arranca en etapas anteriores.
En el plano judicial, Esquinas subraya que se trata de proyectos energéticos con expropiaciones a largo plazo, lo que permitiría promover revisiones de oficio y declaraciones de lesividad. Invoca además el Convenio Internacional de Aarhus, que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar investigaciones en materia medioambiental.
Respecto al caso de Trasmulas, indica que las autorizaciones corresponderían a la Subdelegación del Gobierno en Granada y sostiene que las licencias deben concederse sin perjuicio de terceros, lo que podría dar lugar a acciones legales contra funcionarios del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por presunta prevaricación.
La polémica coincide con la imputación de la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, y de quien fuera subdirector durante la etapa de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, en el juzgado 41 de Plaza de Castilla por presunta prevaricación en autorizaciones de este tipo, según adelantó El Mundo.
Mientras tanto, las imágenes de los olivos arrancados en Granada han colocado el foco sobre un debate de fondo: si la expansión fotovoltaica responde exclusivamente a la transición energética o si, como denuncia Esquinas, forma parte de un modelo que convierte el agua en activo comercial y que, según afirma, tiene su origen en la etapa de Zapatero.
