Mientras las importaciones de petróleo venezolano volvían a España tras años de parón, la operadora Villafuel, controlada por Víctor de Aldama —uno de los cabecillas del caso Koldo—, experimentaba un despegue fulgurante. Las cifras de compraventa de hidrocarburos de la compañía y los registros oficiales de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) muestran cómo ambas trayectorias coincidieron desde finales de 2022 hasta principios de 2024.
Las declaraciones trimestrales de Villafuel reflejan un crecimiento exponencial: tras no registrar ninguna compra en el tercer trimestre de 2022, la compañía adquirió 17.182 toneladas en el último trimestre de ese año. A partir de ahí, la actividad se disparó: 89.399 toneladas en el primer trimestre de 2023, 208.342 toneladas en el segundo, 196.206 en el tercero, 89.781 en el cuarto y, finalmente, 36.422 toneladas en los primeros meses de 2024, cuando fue dada de baja del Redef.
Paralelamente, España retomaba las importaciones de crudo venezolano tras el veto de Estados Unidos. Entre noviembre de 2022 y enero de 2024, llegaron al país cargamentos procedentes de Venezuela de forma casi mensual, con picos de hasta 283.000 toneladas, según los datos de Cores.
En ese contexto, Aldama, interrogado en la Audiencia Nacional, admitía su vinculación con Venezuela y explicaba el papel de Villafuel: «Con título de operador de Villafuel se buscaba traer barcos de producto, principalmente diésel, en Exolum», declaró en noviembre de 2024. Además, reconoció su relación previa con el negocio petrolero desde 2008, a través de un contrato para adquirir bloques en Nigeria.
Las conexiones con Caracas van más allá, detalla The Objective. Los atestados de la Guardia Civil reflejan una estrecha relación entre Aldama y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En un audio filtrado, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, llegó a afirmar que ambos compartían una empresa para importar petróleo venezolano, aunque más tarde aseguró habérselo «inventado». A pesar de ello, fuentes del sector subrayan que Villafuel no contaba con el músculo financiero necesario para importar crudo a gran escala, lo que abre incógnitas sobre los apoyos detrás de estas operaciones, actualmente bajo investigación.
En un solo año, Villafuel multiplicó por más de doce su facturación: de 59,1 millones de euros en 2022 a 815,9 millones en 2023, un crecimiento del 1.200%. Sin embargo, en este negocio los márgenes son mínimos, apenas del 1% para las empresas no refineras. Este estrecho margen ha llevado a múltiples operadores a recurrir al fraude de IVA, por el que Villafuel también está siendo investigada. El mecanismo es simple: quedarse con el 21% del IVA y vender combustible incluso con descuentos agresivos, captando cuota de mercado a costa del fraude fiscal.
El desplome de Villafuel llegó en 2024. Primero, en febrero, Hacienda la dio de baja del Redef. Exactamente un año después, el Ministerio de Transición Ecológica la inhabilitó de forma definitiva. Un trato que contrasta con la situación de Hafesa Energía —también investigada por fraude de hidrocarburos— que, pese a sus años imputada en la Audiencia Nacional, continúa operando. Hafesa, además, goza de ventajas fiscales en Vizcaya, donde la Diputación foral, bajo control del PNV, le ha concedido prórrogas tributarias frente a su competencia.
Desde Villafuel insisten en que «nunca importó del exterior ni un litro de combustible» y que todas sus compras fueron realizadas dentro del depósito fiscal. Además, defienden que ellos son víctimas de los supuestos fraudes de otras siete compañías investigadas en el caso hidrocarburos.
