El gran operativo diseñado para comenzar a despejar las playas de Benítez y El Trampolín, convertidas desde hace semanas en dos de los principales asentamientos de inmigrantes en Ceuta, ha terminado sin cumplir su objetivo. Las 1.700 plazas habilitadas en el Muelle de Poniente se llenaron en apenas unas horas, mientras miles de personas continuaban este viernes en playas, calles, montes y otros asentamientos improvisados de la ciudad autónoma.

El dispositivo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los problemas que arrastra el Gobierno desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio: determinar cuántos inmigrantes continúan realmente en Ceuta. El Ejecutivo central calcula ahora que permanecen alrededor de 10.000, unos 6.000 acogidos ya en recursos públicos y entre 3.000 y 4.000 todavía en las calles, playas y montes. El Gobierno de Ceuta eleva la estimación hasta cerca de 13.000 y advierte de que ese cálculo es «muy conservador».

La distancia entre ambas cifras ha cobrado especial importancia después de lo ocurrido durante el traslado. El operativo arrancó sobre las 6.30 horas con la intención de conducir al nuevo recinto portuario a parte de los inmigrantes que llevaban semanas instalados en Benítez y El Trampolín. Sin embargo, la aparición de centenares de personas procedentes de las lomas y otros puntos de Ceuta alteró desde el primer momento el plan.

Fuentes participantes en el despliegue citadas por El Mundo aseguran que, cuando los efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil encendieron los focos y comenzaron a posicionarse en las inmediaciones del polígono, cientos de inmigrantes corrieron hacia las instalaciones del puerto ante el temor de quedarse sin plaza.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando apenas una decena de guardias civiles se encontró inicialmente frente a unos 800 inmigrantes, según las fuentes del operativo consultadas por el citado diario. Poco después, la concentración habría llegado a rondar las 2.000 personas, mientras los agentes trataban de contener y canalizar el acceso hasta que llegaron los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

«Los focos encendieron la llamada», resumió uno de los miembros del GRS que participó en el despliegue. Las fuentes reconocen además problemas de coordinación durante los primeros compases entre Policía Nacional y Guardia Civil. Otros medios que siguieron el dispositivo sobre el terreno también describieron carreras, aglomeraciones y momentos de fuerte tensión antes de que las fuerzas de seguridad consiguieran organizar el acceso por grupos.

La consecuencia fue que parte de quienes consiguieron acceder al Muelle de Poniente no procedía de los asentamientos que el Gobierno pretendía desalojar. Muchos habían permanecido hasta entonces en lomas, montes y otros puntos de Ceuta y corrieron hacia el puerto al conocer que se estaban repartiendo las limitadas plazas disponibles.

Las instalaciones alcanzaron así su capacidad máxima de 1.700 personas en unas cinco horas. Cientos de inmigrantes que seguían esperando tuvieron que regresar a las playas después de que personal de Migraciones les comunicara que ya no quedaban camas.

El resultado puede comprobarse sobre el terreno. Benítez y El Trampolín siguen ocupadas y el Ayuntamiento tuvo incluso que suspender las tareas de limpieza y desinfección previstas una vez concluyera el supuesto desalojo. Más de 2.000 personas regresaron a ambos asentamientos después de quedarse sin sitio en el recinto portuario, según las informaciones recabadas durante la jornada.

El episodio evidencia además que las 6.000 plazas que el Ejecutivo había activado como primera respuesta ya resultan insuficientes. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció esta semana que Moncloa pretende elevar la capacidad de acogida hasta rozar las 10.000 plazas. Antes de la crisis de finales de julio, Ceuta disponía de unas 500.

La ampliación confirma la sucesiva revisión al alza de las necesidades de alojamiento. El Gobierno central sostiene que todavía quedan entre 3.000 y 4.000 personas fuera de los recursos oficiales. Las autoridades ceutíes, por su parte, calculan que la población inmigrante que permanece en la ciudad ronda los 13.000. La diferencia equivale a unas 3.000 personas sobre las que ambas administraciones mantienen cálculos distintos.

La presión es especialmente significativa en una ciudad de alrededor de 85.000 habitantes, donde los campamentos provisionales, los asentamientos en playas y la búsqueda de nuevas parcelas han alterado durante semanas el funcionamiento habitual de diferentes zonas.

El nuevo dispositivo del puerto había sido presentado como una pieza fundamental para comenzar a recuperar la normalidad en la fachada occidental de Ceuta. Su apertura llegó además después de una batalla administrativa y judicial. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) había solicitado paralizar el uso de las parcelas por sus dudas sobre seguridad y compatibilidad portuaria, pero la Audiencia Nacional terminó rechazando la suspensión cautelar y permitió su puesta en funcionamiento.

Las imágenes del viernes mostraron, sin embargo, las limitaciones del plan desde sus primeras horas: carreras para obtener una cama, cordones policiales desbordados inicialmente y miles de personas que terminaron otra vez en los mismos asentamientos que debían quedar vacíos.

El Gobierno tendrá ahora que encontrar nuevos espacios de acogida para varios miles de inmigrantes. Y cada nueva instalación abre otro frente administrativo, de seguridad y de convivencia en una ciudad que, casi dos meses después de la crisis fronteriza de finales de julio, continúa sin conocer con precisión cuántas personas permanecen dentro de su territorio.