Agricultores y ganaderos han calificado el año 2025 como uno de los peores de la historia del campo español, un ejercicio marcado por una sucesión de crisis que ha puesto contra las cuerdas a miles de explotaciones y ha evidenciado, según denuncian desde el propio sector, el agotamiento del actual modelo agrario impuesto desde Bruselas y asumido sin apenas resistencia por los gobiernos nacionales.
En el mundo rural se extiende la convicción de que el principal detonante de este declive ha sido la aplicación del llamado Pacto Verde europeo, cuyas exigencias medioambientales, lejos de adaptarse a la realidad productiva, han incrementado la burocracia, reducido la rentabilidad y limitado la capacidad de respuesta de agricultores y ganaderos frente a un mercado cada vez más hostil. A ello se suma la competencia desleal de productos procedentes de terceros países, que entran en la Unión Europea sin cumplir los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales que se exigen a los productores españoles.
El sector ganadero ha sido uno de los más castigados. A lo largo del año, las explotaciones han tenido que hacer frente a una cadena casi ininterrumpida de problemas de sanidad animal: brotes de lengua azul, dermatitis nodular contagiosa, fiebre del Nilo, influenza aviar y, en la recta final del año, la reaparición de la peste porcina africana tras más de tres décadas. Muchos profesionales subrayan que la falta de control efectivo sobre la fauna silvestre, especialmente el jabalí, ha agravado la situación, mientras las administraciones se han limitado a aplicar medidas tardías y claramente insuficientes.
En la agricultura, el balance tampoco es alentador. Salvo contadas excepciones, como algunos cereales de invierno, los resultados económicos han sido decepcionantes no tanto por la producción como por el hundimiento de los precios en origen. Cultivos básicos como el trigo o la cebada se pagan hasta un 40% por debajo de los niveles de 2022, mientras los costes de producción —energía, fertilizantes, fitosanitarios o combustible— continúan disparados. El cierre de industrias clave, como plantas azucareras en Castilla y León o Andalucía, ha agravado aún más la situación en sectores ya muy tensionados.
Otro de los grandes reproches del campo apunta a la Política Agraria Común. El anuncio de un recorte cercano al 22% de la PAC en el próximo marco financiero y su dilución en programas multisectoriales se interpreta como una renuncia explícita a la soberanía alimentaria europea. Muchos agricultores consideran que 2025 pasará a la historia como el año en que Europa decidió depender del exterior para alimentarse, dejando a sus productores a merced de tratados comerciales mal negociados y de aranceles impuestos por países terceros que la Unión Europea no ha sabido o no ha querido contrarrestar.
El impacto del clima extremo ha añadido otra capa de dificultad. Incendios devastadores durante el verano, episodios de sequía y fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles han destruido miles de hectáreas. Aunque las respuestas oficiales han sido rápidas en algunos casos, el propio sector las considera claramente insuficientes. A ello se suma la sensación de agravio al constatar que miles de millones de euros presupuestados para Agricultura y Transición Ecológica han quedado sin ejecutar, mientras se negaban ayudas extraordinarias ya aprobadas para cultivos como el olivar o el viñedo.
De cara a 2026, el mundo del campo reclama un giro radical en las políticas agrarias. Exige abandonar un ecologismo ideológico que, a su juicio, asfixia al productor europeo, recuperar una PAC fuerte y bien dotada, introducir cláusulas espejo reales en los acuerdos comerciales y garantizar precios justos en origen que permitan vivir dignamente de la actividad agraria. También alerta de que, sin estas medidas, el relevo generacional será inviable y amplias zonas rurales quedarán condenadas al abandono.
Como respuesta a esta situación límite, agricultores y ganaderos ya anuncian movilizaciones masivas en los próximos meses. El objetivo, explican, es trasladar a las instituciones y a la sociedad que el problema del campo no es coyuntural, sino estructural, y que sin un cambio profundo de rumbo España y Europa se encaminan a una pérdida irreversible de su capacidad para producir alimentos.
