El padre de la joven asesinada en Pamplona a manos de un inquiokupa marroquí, Isidro Villar, ha hecho acto de presencia en el programa Código 10 para relatar lo sucedido y denunciar públicamente al presunto homicida, Yahya, quien ya tenía en su haber 14 antecedentes penales en España antes de este trágico suceso.
Isidro explicó entre lágrimas los momentos previos al asesinato de su hija, destacando que ya había presentado una denuncia contra Yahya. El presunto agresor, de origen extranjero, llevaba dos años viviendo en Pamplona y, en ese tiempo, había acumulado un preocupante historial delictivo.
Un equipo del programa se desplazó hasta la capital navarra para entrevistar a personas cercanas tanto a Kayle como a Yahya, y para hablar con algunos de los compañeros de piso de la víctima. Ángela, una de las inquilinas, compartió su dolor con el equipo del programa, describiendo cómo se sintió impotente para ayudar a Kayle mientras era atacada. Con lágrimas en los ojos, confesó: «Habrá pensado Kayle ‘con tanta gente aquí, me van a dejar morir’, pero yo no podía hacer nada. Estaba prácticamente sola porque nadie salió de su habitación».
Otro de los compañeros de vivienda, Adolfo, mostró a las cámaras el interior del piso y señaló que el cuchillo utilizado por Yahya para apuñalar a Kayle provenía de la cocina compartida: «Era un cuchillo comunitario, parecido a este», indicó mientras mostraba el utensilio a los reporteros.
El programa también indagó en el historial criminal de Yahya, que incluía delitos graves como agresión sexual sin penetración, robo con fuerza, hurto y atentado contra la autoridad. Los demás residentes en la vivienda vivían atemorizados por sus amenazas y, por miedo, evitaron involucrarse tras el ataque.
A pesar de las denuncias previas y los indicios de peligro, Kayle no pudo ser protegida a tiempo, dejando a Pamplona sumida en el luto y con muchas preguntas sobre cómo un individuo con tantos antecedentes pudo estar libre para cometer un crimen tan brutal.
Ayudas del Gobierno
Por si fuera poco, el padre de la víctima denunció que el inmigrante estaba ingresando en torno a 700 y 800 euros todos los meses pese a estar en el país de forma ilegal y contar con un amplio historial delictivo. Además, ha recordado que en proceso previo al delito la Policía trató de calmarle en más de una ocasión insistiéndole en que estaban trabajando en su proceso de deportación, que no pudo ejecutarse porque su país de origen (Marruecos) no lo quería de vuelta.
