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El Parlamento catalán recurrirá ante el Constitucional la aplicación del 155

La Diputación Permanente del Parlamento, con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot y la abstención de la CUP, ha aprobado este miércoles que la Cámara catalana interponga un recurso al Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia (DUI).

La Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes del Parlament entre legislaturas, con la composición del hemiciclo anterior a las elecciones del 21D- ha aprobado la propuesta del grupo de JxSí de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155.
Una iniciativa que ha prosperado gracias a que JxSí (formado por PDeCAT y ERC) ha contado finalmente con los votos a favor de Catalunya Sí Que Es Pot, sorteando así la abstención de la CUP, que ha mostrado su reticencia a reconocer «autoridad y competencia» alguna al Alto Tribunal español.
De hecho, dado que la CUP contaba con solo un representante, Gabriela Serra -dicho grupo rehusó relevar a Eulàlia Reguant cuando dejó su escaño en el Parlamento catalán-, Junts per Sí no podría haber sacado adelante su propuesta de no contar con el apoyo de los comunes.
Frente a los 11 votos a favor y una abstención, por su parte Cs, PSC y PP (7) han votado en contra, aunque han celebrado que los grupos separatistas «reconozcan al TC y su legitimidad».
En su argumentación, Lluís Corominas (JxSí) ha asegurado que el Gobierno, en aplicación del 155, disolvió el Parlamento autonómico y cesó al Ejecutivo regional «de manera anómala y en contra de la ley, mediante una interpretación excesiva» y un «abuso» de dicho artículo.
Para JxSí, la aplicación del artículo 155 de la Constitución «vulnera el ordenamiento vigente», por lo que insta al Parlamento a que se «defienda» ante esta «clara vulneración del ordenamiento legal» y de los derechos de los diputados.
Corominas ha justificado la interposición del recurso en base a los argumentos expresados por el Consejo de Garantía Estatutarias que, en su dictamen no vinculante de octubre, no avaló que se usara el 155 para cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Gobierno, ni tampoco para limitar la actividad del Parlamento e intervenir organismos de la Administración catalana.
Así, ha considerado que el despliegue del 155 debería ser considerado «nulo», que se produjo una «indefensión jurídica» de Puigdemont y del Parlamento, y que se hizo una interpretación «extensiva» del redactado de la ley, provocando una «lesividad» de la soberanía del Parlamento catalán.
«La única conspiración hacia Cataluña ha sido la del Gobierno, que hace servir los órganos del Estado para anular la autonomía catalana y encarcelar ideas», ha dicho Corominas, que ha advertido de que se recurrirá a las instancias europeas si es necesario.
Marta Ribas (SíQueEsPot) ha exigido la «inmediata» suspensión de la aplicación del 155 y ha explicado el apoyo de su grupo: «Nosotros dijimos que ni DUI ni 155. Hoy hablamos de no al 155. Daremos apoyo porque creemos que hay motivos sobrados para considerar que se han sobrepasado límites democráticos, constitucionales y legales».
Como también por la «obligación política de evitar que esto vuelva a pasar, también a las instituciones y ciudadanía de todo el Estado», ya que «no se ha respetado el espíritu del 155 ni los principios de gradualidad y proporcionalidad».
De ellos se ha desmarcado la CUP, que en voz de Gabriela Serra ha considerado que el 155 es «un golpe de Estado» y por ello «no vale la pena demostrar su inconstitucionalidad». «Nos abstenemos porque no reconocemos al TC ninguna competencia ni autoridad», ha añadido.
Pero Carlos Carrizosa (Ciudadanos) ha lamentado que se apruebe esta iniciativa mediante una Diputación Permanente que «abusa de la mayoría del Parlamento saliente, muy distinta del nuevo que entrará», como también ha criticado que se convoque de nuevo a los diputados «única y exclusivamente para hablar otra vez de su monotema. Lesivos fueron ustedes para la democracia catalana», ha aseverado.
Carrizosa ha considerado que el Gobierno anterior y la Mesa del Parlamento «ignoraron» repetidamente los requerimientos previos del TC y que, «por eso, el cese era necesario» y «no cabía más remedio que aplicar la Constitución».
Desde el PSC, Iceta ha recordado que, ante la «flagrante y continuada violación de la legalidad» por parte del separatismo, «no había otra manera de parar un proceso que liquidó el Estado de derecho y dividió a la sociedad» aplicando el 155.
Y ha valorado de «forma positiva» la iniciativa aprobada porque supone una «aceptación explícita de la legitimidad del TC. Si aceptan su autoridad, aceptan la nulidad de las leyes del referéndum y de transitoriedad. Es buena manera de abrir la legislatura…».
Un argumento en el que también ha incidido el popular Alejandro Fernández: «Celebro que presenten el recurso, porque es de manera implícita el reconocimiento al TC y su legitimidad», ha dicho el diputado del PP, que ha lamentado en todo caso el «carácter bipolar» de los grupos secesionistas.
 
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