El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar recibieron cerca de dos millones de euros en presuntas comisiones ilegales vinculadas al caso Plus Ultra, una investigación que también pone el foco en la adquisición de varias propiedades inmobiliarias de alto valor en Madrid y otras zonas exclusivas.
Según el auto judicial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga pagos por valor de 1.936.560 euros que habrían acabado en manos del exdirigente socialista y de Whathefav, la agencia administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. La causa se centra en los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra.
La investigación sitúa el inicio de las operaciones bajo sospecha en la etapa de Sánchez en La Moncloa. El juez sostiene que Zapatero habría utilizado su influencia política y sus contactos internacionales, especialmente con Venezuela y China, para intervenir en operaciones empresariales y favorecer intereses privados a cambio de contraprestaciones económicas.
Uno de los principales elementos que analiza la Audiencia Nacional es el incremento patrimonial de la familia del expresidente durante los años investigados, detalla The Objective. En 2018, tras una gestión atribuida a Zapatero ante Nicolás Maduro para favorecer a Globalia, la familia compró el chalé de lujo en el que residía en Valdemarín, una exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón. La vivienda, valorada en unos 800.000 euros, cuenta con cuatro plantas, ascensor privado, gimnasio, jardín japonés y piscina en la azotea.
A partir de ahí, las adquisiciones inmobiliarias continuaron. En 2024, Laura Rodríguez Espinosa compró un piso en la Dehesa de la Villa, en Madrid, por unos 300.000 euros. Ese mismo año, la familia incorporó a su patrimonio un chalé en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de la capital, donde proyectan construir una vivienda de diseño tras derribar la edificación existente.
En 2025, Alba Rodríguez adquirió otra vivienda en Valdezarza, también en Madrid, por otros 300.000 euros. A ello se suma una villa de lujo en Lanzarote comprada en 2017 frente a la playa de Famara por 1,2 millones de euros, además del conocido chalé de Vera (Almería), que también ha aparecido en el foco de la investigación por su relación con sociedades vinculadas a la trama.
El magistrado considera que las comisiones fueron canalizadas a través de una estructura organizada cuyo epicentro sería la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como presunto testaferro de Zapatero. Según el auto, desde esa sociedad y otras empresas relacionadas habrían salido pagos hacia el expresidente y la agencia de sus hijas.
La resolución judicial también recoge que Zapatero habría dado instrucciones para crear sociedades offshore en Dubái con el objetivo de canalizar parte de los ingresos relacionados con el rescate de Plus Ultra y dificultar su trazabilidad. El juez interpreta que este mecanismo encaja con prácticas habituales de blanqueo de capitales mediante sociedades instrumentales en jurisdicciones opacas.
El expresidente negó cualquier irregularidad tras conocerse su imputación. En un vídeo difundido públicamente aseguró que nunca realizó gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y defendió que toda su actividad profesional se desarrolló dentro de la legalidad. Zapatero comparecerá como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional
