El Partido Popular retrocede en su intención de sustituir las leyes de memoria democrática por leyes de concordia en las regiones en las que gobierna, tras la salida de VOX de estos Ejecutivos.
Tras la ruptura de las alianzas con la formación liderada por Santiago Abascal el pasado 11 de julio, los gobiernos autonómicos del PP están reconsiderando su postura.
Extremadura, gobernada por María Guardiola, ha decidido no derogar la norma de memoria vigente aprobada por el PSOE en 2018. El PP ha decidido priorizar la aplicación de la legislación actual pese a que la derogación de la ley era uno de los 60 puntos recogidos en el acuerdo de gobierno con VOX.
En la Comunidad Valenciana, bajo el liderazgo de Carlos Mazón, se aprobó una Ley de Concordia que reemplaza la anterior Ley de Memoria Democrática. Esta nueva normativa equipara a todas las víctimas desde 1931 hasta la actualidad. Sin embargo, una vez roto el acuerdo con VOX, el gobierno valenciano se muestra dispuesto a dialogar con el Gobierno central para el desarrollo del reglamento de la ley.
Por otro lado, en Castilla y León, la ley de concordia pactada con VOX aún está en tramitación parlamentaria. El gobierno regional, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido esperar la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria en Aragón antes de seguir adelante.
Aragón, gobernada por Jorge Azcón, no prevé cambios significativos. El popular afirma que su gobierno ha cumplido con lo que prometió respecto a la Ley de Memoria, adoptando un enfoque acorde con el planteamiento del Partido Popular.
