El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere convertir la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona en una nueva escenificación de su proyecto para mantenerse en el poder y en un momento en el que está acorralado por la corrupción. Y lo hace con la colaboración de los barones del Partido Popular, que acuden al acto en el Palacio de Pedralbes, con la promesa de Moncloa de incluir sus propuestas en el orden del día.
El evento arranca con polémica: por primera vez se permitirá el uso de las lenguas cooficiales en este foro multilateral, pese a no estar contemplado en su reglamento. Sánchez atiende así las exigencias del separatismo catalán y vasco, imponiendo un sistema de traducción simultánea financiado con fondos públicos, que no es necesario.
A pesar del choque previo por el orden del día —el Gobierno se negó a consensuarlo en la reunión preparatoria—, los líderes autonómicos del PP han decidido mantenerse en la foto. Tras remitir una carta en la que reclamaban abordar cuestiones como la reforma de la financiación, la okupación, la crisis energética, la política migratoria o la reforma del Poder Judicial, el Gobierno accedió a última hora a incluir sus diez puntos, sumándolos a otros seis ya previstos por Sánchez. En total, se hablará de 16 asuntos… si hay tiempo.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que difícilmente se podrá tratar todo en una única jornada, aunque ha asegurado que se buscarán «puntos en común», en un mensaje de apariencia conciliadora que choca con la actitud del Ejecutivo durante los días previos.
Sánchez, por su parte, aprovechará el foro para intentar imponer su visión ideológica en materia de vivienda, presentando un supuesto «Acuerdo Estatal» para triplicar el gasto público y centralizar aún más el control del mercado inmobiliario. Propone, entre otras cosas, crear una base de datos pública de precios y arrebatar protagonismo a los portales privados, en un nuevo intento de intervenir el mercado y apropiarse de la narrativa de la «vivienda asequible».
El acto cuenta además con la presencia del Rey Felipe VI, con quien los presidentes autonómicos mantendrán un breve encuentro antes del inicio de la sesión formal. La elección de Barcelona como sede no es casualidad: Sánchez vuelve a hacer gestos al separatismo desde un espacio simbólico, el Palacio de Pedralbes, antigua residencia real que hoy sirve de escenario para la escenografía del consenso impuesto.
Al finalizar el encuentro, los líderes regionales comparecerán para dar su versión de un foro en el que, de nuevo, se proyecta la imagen de una España subordinada a los intereses del separatismo y a los caprichos ideológicos de Moncloa, esta vez con la participación —y por tanto, el aval— del Partido Popular.
