Comienza una semana clave para el Partido Popular tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo. El partido da por hecho que Pedro Sánchez logrará ser investido presidente próximamente y se rearma para encabezar una oposición en la que planea utilizar todo su poder territorial. Por un lado, comenzará de forma inmediata con una estrategia en en el Senado, cámara en la que cuentan con mayoría absoluta y en la que convocarán la comisión general de las comunidades autónomas, que se constituye este martes, y con la que obligarán a votar a todas las regiones a favor o en contra de la amnistía para que deban retratarse ante la opinión pública.
Por otro lado, el PP gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, podrán forzar más reuniones de la Conferencia de Presidentes además de aquellas que convoque Sánchez, un mínimo de dos al año, que serán más a iniciativa de los presidentes populares y a las que esperan que el ejecutivo acuda por respeto institucional.
El PSOE, por su parte, es consciente de la estrategia del PP, el pasado viernes, el diputado socialista Óscar Puente, portavoz del PSOE en el debate de investidura ya acusó al líder del PP de utilizar el encargo que le hizo el Rey para «coronarse» como líder de la oposición. Según el elegido por Sánchez para el discurso, el partido usó a la máxima institución del Estado de manera «profundamente desleal» para su «simulacro» de investidura.
Entre los socialistas también se da por prácticamente seguro que Sánchez amarrará la investidura concediendo la amnistía. Este domingo todos los secretarios provinciales del PSOE firmaron un manifiesto de apoyo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, y también para que forme un Ejecutivo progresista «que dé continuidad a los últimos cinco años de avances en España», según ha informado el partido en un comunicado.
La firma del manifiesto tuvo lugar en un acto en Madrid y en él se aboga por un Gobierno que abra una «nueva etapa de avances sociales» y en favor de una democracia asentada en la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad de España, de su memoria democrática y de su «espíritu de convivencia».
Si bien el pasado sábado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que en el caso de que se aprobase una amnistía en el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional «tendría que suspender lo que se apruebe antes de que entre en vigor» para analizarlo, lo cierto es que ninguno de los diputados de su región ha votado nunca en contra de algunas de las polémicas decisiones de Sánchez criticadas por el principal varón socialista.
«No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentándose a las elecciones catalanas y que luego pudiera venir una sentencia del Constitucional en contra serían absolutamente inconmensurables», dijo Page este sábado durante su participación en el V Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en Isla de la Toja (Pontevedra).
