El Partido Popular ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la actuación del Tribunal Constitucional al avalar la reforma del Gobierno que permitió que el Consejo General del Poder Judicial en funciones pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado de la propia corte de garantías.
Los populares acusan al TC de haber vulnerado «su derecho como recurrentes a un proceso justo y equitativo conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)».
El TC avaló la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el Gobierno llevó a cabo para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos a magistrado que finalmente fueron María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Populares y socialistas cerraron en octubre de 2021 un acuerdo para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional. «Todos son nombres de consenso», «profesionales de reconocido prestigio» con una «dilatada trayectoria profesional».
Entre los magistrados pactados estaba Inmaculada Montalbán, artífice de la anulación de las condenas de los ERE. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, capitanearon las conversaciones para el reparto de miembros del TC. Ambas partes reconocieron que su «buena sintonía» permitió encarrilar este pacto.
En enero de 2023, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras obtener seis de los once votos que estaban en juego. La propia Inmaculada Montalbán se alzó la vicepresidencia, por lo que el bloque izquierdista se adjudicó ambos cargos. El PP calificó entonces a Pumpido como el «mal menor» para «acabar con la actual situación de bloqueo».
