El Partido Popular ha rechazado una enmienda de VOX este martes en la Comisión de Interior del Congreso, donde los de Santiago Abascal pretendían introducir cambios de mayor alcance en una iniciativa parlamentaria centrada en la expulsión de inmigrantes en situación ilegal. La propuesta de VOX incluía medidas como la deportación de inmigrantes sin papeles que delinquieran o intentaran imponer postulados islamistas, así como la retirada de la nacionalidad española a quienes, aun teniéndola, cometieran delitos graves o promovieran esas mismas ideas.
Sin embargo, los ‘populares’ optaron por mantener intacto su planteamiento original, al considerar que las modificaciones planteadas por VOX excedían el objeto de la Proposición no de Ley (PnL) debatida. Desde el Grupo Parlamentario Popular señalaron que la enmienda no guardaba relación directa con el contenido de su iniciativa, centrada exclusivamente en garantizar la ejecución de órdenes de expulsión, sino que se adentraba en cuestiones más amplias de política migratoria.
La iniciativa del PP, defendida en la Cámara Baja por la diputada Sofía Acedo, salió adelante con el respaldo de los propios populares, VOX y UPN, mientras que Junts optó por la abstención. El texto aprobado insta al Gobierno a asegurar que se cumplan de forma efectiva las expulsiones de ciudadanos de terceros países que carezcan de derecho a permanecer en España o en la Unión Europea. Además, propone promover reformas legales que permitan agilizar la expulsión de aquellos condenados por delitos graves o reincidentes, con especial atención a los delitos contra la libertad sexual, evitando su regreso al país.
Por su parte, VOX también pretendía añadir otras medidas como fomentar el retorno a sus países de origen de inmigrantes que dependan de forma continuada de ayudas públicas, así como endurecer los requisitos para acceder a permisos de residencia de larga duración. Ninguna de estas propuestas fue finalmente incorporada al texto.
Este debate parlamentario se produce en paralelo al acuerdo alcanzado entre PP y VOX en Extremadura para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica. Dicho pacto contempla una postura especialmente restrictiva en materia migratoria, incluyendo el rechazo explícito a la política del Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición a cualquier sistema de reparto de inmigrantes, tanto adultos como menores.
Asimismo, el documento firmado por ambas formaciones recoge el compromiso de no abrir nuevos centros de acogida ni ampliar los existentes durante la legislatura, además de establecer auditorías periódicas sobre el gasto público vinculado a la inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlo al mínimo exigido por la legalidad vigente.
