Los ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea volverán a discutir el próximo 18 de julio sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión —a petición del Gobierno de Pedro Sánchez y a pesar de las reservas de al menos media docena de países—.
En los debates de preparación a nivel de embajadores y en la posterior discusión de ministros de mayo quedó patente que la petición está aún muy lejos de la unanimidad necesaria para salir adelante, porque más de una decena de delegaciones ven prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha discutido y porque persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.
El PP dice oponerse y lo denunció como «pura fachada política». Mientras, el mismo Partido Popular apoyó en el Parlamento gallego —junto al BNG— una propuesta para el uso del gallego en la Eurocámara y el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intervino esta semana en gallego en Bruselas en la 167 sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.
Los populares defienden el uso lenguas cooficiales —y, por tanto, de pinganillos— en el Senado en el marco de «un bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios».
