El Pleno del Parlamento rechazó el lunes la proposición no de ley de VOX para condenar la gestión de los consejeros regionalistas de Obras Públicas e impulsar una comisión de investigación parlamentaria, con los votos en contra del resto de grupos, incluido el PP, para quien, como para los demás, las responsabilidades políticas por la trama de corrupción en carreteras «ya están depuradas» y las penales están en los tribunales.
Un rechazo «decepcionante» para VOX, que ha acusado al resto de partidos de «hacer causa común para echar tierra encima de la corrupción».
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha calificado de «decepcionante» la respuesta a su iniciativa, con el resto de partidos unidos en un pacto «para echar tierra por encima de una comisión de investigación que por justicia con los ciudadanos se debería haber acordado hoy».
Según Díaz, el cambio que pedían los cántabros en las urnas era «no echar tierra por encima de la corrupción».»¿De verdad el pacto de la vergüenza llega a tal intensidad que no van a dar la cara ante los ciudadanos como prometieron?«, ha preguntado al PP la diputada, para quien, al negar la comisión, se impide a los cántabros «saber en qué manos están dejando el futuro de Cantabria».
Según el diputado popular Juan José Alonso, una comisión de investigación parlamentaria no aportaría «absolutamente nada» porque «las responsabilidades políticas están depuradas» con los resultados electorales que dieron la victoria al PP en mayo y que VOX «intenta empañar».
Por su parte, los socialistas han acusado a VOX de «menoscabar las instituciones»con esta proposición porque «no se pueden hacer juicios paralelos» a los de los tribunales.
Mientras, el portavoz del PRC —partido que gestionaba Obras Públicas cuando salió a la luz la trama de las carreteras—, Pedro Hernando , ha coincidido en el «flaco favor» a las instituciones que hace la iniciativa de VOX, y ha recordado que las responsabilidades políticas se asumieron «sin tener obligación» con las citadas dimisiones.
Por otra parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que «no vamos a convertir esta autonomía en la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma«.
