El comité de huelga de Eulen no propondrá el nombre de ningún mediador para redactar el laudo obligatorio con el que el Gobierno pretende zanjar el conflicto laboral en el Aeropuerto de El Prat y dejará éste en manos del Ejecutivo.

Pese al conflicto, el Aeropuerto de El Prat mantiene su actividad normal sin que se produzcan colas en los controles más allá de las habituales de agosto, en la cuarta jornada de huelga de los empleados de Eulen, que tienen que proponer este jueves un árbitro que dicte el laudo con el que el Gobierno quiere zanjar el conflicto.

El Gobierno ha notificado a las 11.00 horas este laudo de obligado cumplimiento, por lo que las partes disponen ahora de un plazo de 24 horas para designar un árbitro.

El asesor del comité, Juan Carlos Giménez, ha explicado a Efe que no propondrán el nombre de ningún mediador porque los representantes de los trabajadores no ven sentido a participar en este proceso «cuando creemos que el laudo es ilegal y lo vamos a denunciar ante los tribunales«.

«Al final va a ser el Gobierno el que pondrá a su árbitro. Será así sí o sí porque tampoco hay tiempo para que las partes se pongan de acuerdo. No vamos a proponer a nadie», ha subrayado Giménez.

CCOO también ha mostrado su rechazo al anuncio de laudo porque considera que «atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva».

Esta central sindical ha informado en un comunicado que «estudiará jurídicamente las medidas decretadas para actuar en consecuencia, pues entendemos que están en cuestión derechos fundamentales».

Según el sindicato, esta medida, junto con «la determinación de unos servicios mínimos claramente abusivos y la utilización de efectivos de la Guardia Civil, supone una conculcación de derechos fundamentales».

Normalidad en El Prat en el cuarto día de huelga

A la espera de que se inicie este proceso, el aeropuerto de Barcelona sigue operando en este jornada con completa normalidad e incluso de madrugada, cuando se suelen dar los picos de espera más elevados, los pasajeros tardaban menos de 15 minutos en pasar por los controles de seguridad.

La instalación aeroportuaria catalana tiene previsto operar en esta jornada 483 vuelos de salida, con 89.300 pasajeros.

Desde el inicio de la huelga indefinida, el pasado lunes día 14, la normalidad es la nota más destacable en el aeropuerto, a lo que ha contribuido que los servicios mínimos sean del 90 % y el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil.

El Gobierno aprobó este miércoles en Consejo de Ministros la puesta en marcha de este laudo arbitral. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir a un árbitro y que en el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.

El árbitro dictará su decisión -que habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga-, previa audiencia de las partes, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.

La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de «circunstancias», ha explicado el ministro.

Entre estas circunstancias, figuran la duración de la huelga y las «posiciones irreconciliables» que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.

De la Serna también ha aludido al «perjuicio para la economía nacional» derivado del conflicto, debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, «deterioro de la Marca España» e impacto en sectores vinculados al turismo.

El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene «carácter excepcional» y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones, porque las empresas subcontratadas son diferentes.

En unas de ellas se cobran unos pluses y en otras no, y también en unos aeropuertos es necesaria una serie de refuerzos por la dimensión de la instalación y el número de pasajeros y, en otros, eso no es necesario, ha añadido el ministro.

De la Serna también ha querido responder a las peticiones formuladas por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para establecer un pacto global que permita recuperar los derechos sociales y económicos del sector de la seguridad privada, después de que el empeoramiento de sus condiciones laborales haya desembocado en el conflicto de El Prat.

El ministro ha anunciado un «acuerdo informal» para la creación de un grupo de trabajo, en el que participaría el Gobierno, sobre seguridad privada, que será el encargado de abordar cuestiones como la formación, la calidad del servicio, las condiciones laborales o las salariales.

El Gobierno prevé empezar a trabajar en «unos días» en la constitución de este grupo, que busca esbozar un marco general para el sector, sin sustituir a la negociación colectiva.

De la Serna ha insistido que el Ejecutivo ha entrado en la resolución del conflicto, una vez que fracasó el proceso de mediación, y que «no hay ningún otro recurso desde el punto de vista legal para hacer frente a esta situación».

El arbitraje aprobado hoy se suma a una larga lista de laudos de obligado cumplimiento dictados en España en las últimas décadas, siendo los más recientes los del conflicto entre Aena y los controladores aéreos en 2011 y del de los pilotos de Iberia, en 2012.

El último litigio zanjado por esta vía se remonta a finales de 2011, cuando Iberia y sus pilotos se enfrentaron por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express.

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