La investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa el origen de la denominada trama vinculada a la ‘fontanera’ socialista Leire Díez varios años antes de los contactos mantenidos en 2024 con dirigentes del PSOE, según la documentación incorporada al sumario y los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que publica este domingo The Objective.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, los investigadores atribuyen a la red una actividad orientada presuntamente a influir en procedimientos judiciales y actuaciones policiales consideradas perjudiciales para determinados intereses políticos y económicos. En ese contexto, la UCO señala al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como una figura situada en un nivel jerárquico superior dentro de la estructura investigada, mientras que Leire Díez habría desempeñado funciones ejecutivas y de coordinación.
Los informes policiales sostienen que la organización buscó incorporar a distintos colaboradores, entre ellos el empresario Javier Pérez Dolset, y que mantuvo contactos continuados con responsables políticos. La investigación recoge que Cerdán y Díez mantuvieron reuniones durante 2024 coincidiendo con el periodo de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la apertura de diligencias judiciales que afectaban a su esposa, Begoña Gómez.
No obstante, la instrucción considera que la actividad de la red se remonta al menos a 2019. Los investigadores vinculan sus primeros movimientos al entorno de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía y a actuaciones dirigidas contra la magistrada Mercedes Alaya, que instruyó los casos de corrupción en esa comunidad autónoma.
Según la documentación incorporada al sumario, diversas comunicaciones intervenidas reflejan referencias a estrategias destinadas a provocar la denominada “muerte social” o “muerte procesal” de determinados jueces e investigadores. La UCO considera que dichas actuaciones perseguían desacreditar o neutralizar a responsables judiciales y policiales cuyas investigaciones pudieran afectar a personas vinculadas al entorno examinado.
Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre una presunta estructura de influencia relacionada con operaciones empresariales y contratos públicos entre 2021 y 2023. Los investigadores sostienen que los principales investigados habrían intervenido en varias operaciones económicas valoradas en más de 130 millones de euros, aprovechando presuntamente contactos institucionales y relaciones personales.
Las diligencias practicadas incluyen el análisis de teléfonos móviles, anotaciones manuscritas y comunicaciones electrónicas. Los investigados niegan las acusaciones y defienden su inocencia, mientras la causa continúa en fase de instrucción bajo supervisión judicial.
