El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, ha denunciado el abandono institucional que, según asegura, han sufrido los afectados por el accidente ferroviario ocurrido hace nueve meses en Córdoba, en el que fallecieron 47 personas. El superviviente, que viajaba en el cuarto vagón del Alvia siniestrado, sostiene que el Ministerio de Transportes, dirigido hasta ahora por Óscar Puente, no ha atendido ninguna de las 15 reclamaciones trasladadas por las familias.
En una entrevista concedida a El Español, Samper ha relatado que las víctimas tuvieron que recurrir a la presión mediática para conseguir que las autoridades las escucharan. «Ninguna institución del Estado se puso en contacto con las víctimas de Adamuz», ha lamentado, antes de recordar que el colectivo mantuvo una reunión con el ministro en la que expuso sus principales necesidades.
Entre las peticiones figuraban el desplazamiento de Óscar Puente a Huelva, provincia donde reside buena parte de los afectados, y la puesta en marcha de mecanismos de asistencia económica para las familias. Sin embargo, nueve meses después, el presidente de la asociación asegura que ninguna de esas medidas se ha materializado.
Las críticas se han intensificado después de la nueva tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos, según las cifras recogidas en la entrevista. Samper considera que ambos accidentes evidencian una situación de inseguridad que exige actuaciones urgentes y recuerda las advertencias trasladadas por profesionales del sector ferroviario.
Preguntado por la posibilidad de suspender temporalmente la circulación de los trenes de alta velocidad, el representante de las víctimas ha señalado que no se trata de una exigencia exclusiva de su asociación. «Lo dicen técnicos, maquinistas… Están asustados, algunos incluso de baja», ha manifestado.
En este sentido, ha mencionado las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, según explica, estudia solicitar la instalación de dispositivos capaces de detectar fracturas en los carriles. Samper sostiene que cada año se producen más de un centenar de roturas y que algunas pasan inadvertidas para los sistemas de vigilancia.
El superviviente también ha cuestionado que Óscar Puente apuntase a un posible error humano en los primeros momentos posteriores al accidente de Urda, cuando todavía no se habían esclarecido sus causas. A su juicio, aquella reacción recordó a lo sucedido tras el siniestro de Angrois, donde inicialmente se atribuyó la responsabilidad al maquinista.
Samper ha recordado, además, que su asociación ya había solicitado la dimisión del ministro después de Adamuz. Según relata, Puente respondió entonces que él no había soldado la vía, una contestación que el representante de las víctimas considera reveladora de su manera de afrontar las responsabilidades políticas.
Ahora, su exigencia va más allá de las dimisiones. «No creo ya que deberían dimitir, sino que deberían estar en busca y captura», ha afirmado en referencia a Puente y a varios responsables de la seguridad y gestión ferroviaria, entre ellos dirigentes de Adif.
Para el presidente de la asociación, la sucesión de dos grandes tragedias en menos de un año y la falta de respuesta a las reclamaciones de las familias reflejan una gestión institucional que considera insuficiente. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas de ambos accidentes, las víctimas de Adamuz siguen reclamando las ayudas y medidas de reparación que, según denuncian, llevan nueve meses esperando.
