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EN MEDIO DE ACUSACIONES DE LOS FISCALES A GARCÍA ORTIZ DE FAVORECER AL EJECUTIVO

El PSOE aparca la negociación con Junts mientras reforma la LeCrim a la carta para Puigdemont

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras en el Congreso. Europa Press.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras en el Congreso. Europa Press.

El PSOE decidió la semana pasada aparcar las negociaciones con Junts tras el rechazo del partido del huido Carles Puigdemont a su Ley de Amnistía, por las dudas en su partido de que fuese a salvar a su líder de ser juzgado por delitos de terrorismo. Para desbloquear las conversaciones con los separatistas que el Gobierno necesita para poder continuar con la legislatura, Pedro Sánchez les ha ofrecido incluso la opción reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

En el Partido Socialista esta semana se han mostrado de nuevo «absolutamente» convencidos de que la ley de amnistía finalmente acabará saliendo adelante, insistiendo en que es una norma «perfectamente constitucional», y que por tanto acabará acabará saliendo de las Cortes, pero lo cierto es que los contactos con Junts siguen paralizados y así se mantendrán de forma indefinida.

Sánchez quiere desbloquear el anteproyecto de Justicia de reforma de la LeCrim que fue redactado por el exministro Juan Carlos Campo. Esa norma cambia aspectos sustanciales en la investigación de los delitos, que pasaría a depender de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora. Además, el anteproyecto prohíbe expresamente que los partidos políticos, las organizaciones públicas o los sindicatos actúen como acusación popular en los procesos.

De momento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya maniobra para ayudar al Gobierno mediante el informe encargado a su mano derecha contra el criterio de la mayoría de fiscales del Tribunal Supremo, que aprecian indicios de terrorismo en actos presuntamente cometidos por Puigdemont. García Ortiz, elegido a dedo por el Ejecutivo, es el primer fiscal general que no cuenta con el apoyo del CGPJ, que lo declaró «no apto». Pese a ello, el Gobierno lo amntiene en su puesto.

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