El secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afirmado este viernes que existen casos de lawfare en España y algunos jueces «lo ponen muy difícil» para defender que estas prácticas de abuso judicial no se producen.
En declaraciones a los medios a la entrada de la reunión de la Ejecutiva Federal que se lleva a cabo este viernes en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, ha señalado que los jueces son «muy profesionales» en «sentido amplio» y que el Poder Judicial está «a gran altura». «Debemos estar muy satisfechos y orgullosos por la capacidad profesional de jueces y magistrados», ha indicado.
Sin embargo, a renglón seguido ha señalado que determinados jueces «ponen muy difícil» afirmar que en España no existe el lawfare o utilización política de la Justicia. «Casos de lawfare hemos tenido, como el magistrado que persiguió a la compañera de Podemos. Haberlos haylos», ha rematado.
Moreno Bonilla tiene «los días contados»
Por otro lado, el también vicepresidente del Congreso y diputado por Sevilla, ha aplaudido la candidatura de María Jesús Montero para liderar el PSOE de Andalucía y la ha calificado como «un ciclón» que va a conseguir recuperar la Junta para los socialistas.
Respecto a las críticas del PP por la defensa de que hizo Montero de los gobiernos andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha replicado: «ladran luego cabalgamos». A su juicio, el PP de Andalucía está muy nervioso con el desembarco de Montero y saben que tienen «los días contados» al frente del gobierno andaluz.
Por último, ha sido interrogado por la iniciativa parlamentaria presentada por Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. «Seguimos estudiando los distintos informes de los letrados», ha señalado.
Finalemente se ha mostrado convencido de que los socios parlamentarios del Gobierno apoyarán la iniciativa presentada este mismo viernes por el PSOE para limitar la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas, que además incluye una nueva causa de recusación a jueces por manifestaciones políticas y vetar querellas basadas en recortes de prensa. Es decir, poner coto de caza a las denuncias que puedan afectar al PSOE.
