La operación impulsada por el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para obtener un aforamiento exprés con el objetivo de trasladar su investigación al Tribunal Superior de Justicia regional, ha provocado un terremoto interno de dimensiones imprevisibles dentro del partido. El movimiento, desencadenado en el marco del llamado «caso del hermanísimo», ha puesto al PSOE extremeño en una situación crítica por la pésima imagen pública proyectada.
Gallardo está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, acusado de favorecer la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, institución que él preside. En su estrategia por alejar la causa de los juzgados ordinarios, ha forzado una operación política relámpago que ha acabado explotándole en las manos.
En menos de 24 horas, Gallardo ha orquestado una sucesión de dimisiones dentro del grupo parlamentario regional: primero, una diputada ha presentado su renuncia, seguida de otros cuatro integrantes de la lista electoral que declinaron asumir el escaño, permitiendo así que la lista avanzara hasta llegar a él. Con ello, el objetivo es que Gallardo pueda tomar posesión el 29 de mayo como diputado regional y obtener automáticamente el aforamiento.
Pero el plan se ha torcido cuando intentó recompensar a su principal aliada, María de la Cruz Rodríguez, colocándola como subdelegada del Gobierno en Badajoz en sustitución de Maribel Cortés. La orden ha partido de la dirección del partido, pero el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha negado tajantemente a ejecutar el relevo.
