La última propuesta legislativa del PSOE tiene el objetivo de limitar el papel de las acusaciones populares en casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, o el de su hermano, David Azagra, además de otros procedimientos vinculados a figuras del actual Ejecutivo.
El proyecto de ley llega en un momento clave para el caso que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez. Actualmente, la acusación popular en esta causa está liderada por VOX y varias asociaciones a las que el Gobierno califica de «extrema derecha», como Hazte Oír, Manos Limpias e Iustitia Europa. El texto legislativo propone eliminar la capacidad de estas entidades para ejercer acción penal o restringir su participación a las fases iniciales de instrucción.
Además, introduce una cláusula polémica que obliga al archivo de cualquier procedimiento en el que la Fiscalía o la acusación particular no aprecien delito. Esto dejaría a la investigación de Gómez prácticamente sin base, dado que la Fiscalía ha mostrado una postura contraria a continuar con el proceso.
El proyecto también propone que las denuncias basadas en informaciones periodísticas sean inadmitidas si no se acompañan de «mínima base probatoria». Según el texto, los jueces deberán rechazar cualquier procedimiento sustentado sólo en noticias o juicios de valor publicados en medios de comunicación o redes sociales. Esto afecta de forma directa a casos como el de Gómez, abierto tras denuncias basadas en reportajes de prensa.
La propuesta incluye, además, restricciones sobre la participación de asociaciones vinculadas a la judicatura o al Ministerio Público, eliminándolas como posibles acusaciones populares.
La reforma también podría influir en el caso de David Azagra, hermano de Sánchez, investigado por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Aunque la Fiscalía no se opone abiertamente a este proceso, ha discrepado en aspectos clave, lo que podría llevar al archivo de la causa si la ley entra en vigor.
Otros casos, como el de Koldo García y las investigaciones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, quedarían bajo la exclusiva responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción, eliminando el papel de las acusaciones populares.
La iniciativa ha generado indignación en el ámbito judicial. Magistrados y expertos denuncian que el Gobierno pretende «cambiar las reglas del juego a mitad de la partida» y acusan al Ejecutivo de interferir en la independencia judicial. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de recusar a jueces por expresar opiniones públicas sobre partidos políticos o sindicatos, algo que la judicatura considera un intento de politización.
