El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este viernes su incorporación «inmediata» a la Asamblea regional como diputado, un movimiento que le permitirá adquirir el estatus de aforado en plena polémica por el llamado caso David Sánchez. La decisión se produce en un momento especialmente delicado, ya que una jueza ha señalado directamente al dirigente socialista por su presunta implicación en la creación de un puesto de trabajo que habría beneficiado al hermano del presidente del Gobierno.
Gallardo, que figuraba en el puesto número 23 de la lista socialista por Badajoz en las últimas elecciones autonómicas, se había quedado fuera del Parlamento autonómico tras obtener el PSOE sólo 16 escaños por esa provincia. Sin embargo, tras la dimisión del expresidente Guillermo Fernández Vara, accedió al acta Antonio Garrote Ledesma, número 17 en la candidatura. Ahora, para que Gallardo pueda ocupar un escaño, se requiere que Garrote renuncie, y que al menos cuatro candidatos posteriores hagan lo propio, despejando así el camino para que el líder regional del PSOE acceda al Parlamento.
El anuncio ha tenido lugar tras una reunión de la Comisión Interparlamentaria del PSOE de Extremadura celebrada en Mérida, a la que también asistieron los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. Gallardo ha explicado que su entrada en la Asamblea responde a la necesidad de reforzar la oposición frente al Gobierno regional de María Guardiola, afirmando que quiere «ganarse el derecho» a presidir la Junta desde la actividad parlamentaria. «He escuchado a muchos compañeros que han mostrado su disposición a dar un paso atrás para que yo pueda darlo adelante», declaró.
A la vez, el dirigente socialista ha confirmado que abandonará su actual cargo como presidente de la Diputación de Badajoz, aunque ha pedido tiempo para ejecutar una transición «tranquila y ordenada». Ha subrayado que quiere que el relevo se haga con transparencia y sin afectar el normal funcionamiento de la institución provincial, por lo que prevé abordar el proceso con la Dirección Provincial del partido.
Más allá de las explicaciones políticas, la decisión de dar el salto a la Asamblea se interpreta como una estrategia de autoprotección jurídica. Al convertirse en aforado, cualquier causa penal contra Gallardo pasaría a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), lo que dilataría e incluso podría dificultar una posible imputación o juicio ordinario.
