El PSOE está ofreciendo asistencia jurídica y representación procesal gratuita a los españoles nacionalizados mediante la denominada Ley de Nietos que se han visto afectados por la suspensión cautelar de su voto gracias al decreto del Tribunal Supremo. La formación de Pedro Sánchez, según avanza OkDiario, ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar que estas personas puedan intervenir en el procedimiento judicial e incluso acudir al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de recuperar su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La estrategia se está desarrollando a través de la agrupación socialista en Uruguay, que ha habilitado un formulario destinado a recopilar información personal de los afectados y determinar quiénes estarían dispuestos a emprender acciones legales. El partido se compromete a asumir los gastos de asesoramiento jurídico y representación ante los tribunales de quienes decidan participar en estas actuaciones.
La iniciativa llega después de que el Supremo acordara suspender cautelarmente el derecho de sufragio de determinados ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin haber acreditado documentalmente la condición de exiliados de sus antepasados. La resolución afecta potencialmente a más de 163.000 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), aunque todavía no se ha determinado cuántas pueden demostrar que cumplen los requisitos establecidos.
El formulario difundido por el PSOE solicita a los interesados que expliquen su situación administrativa y manifiesten si desean intervenir en las actuaciones abiertas ante el Tribunal Supremo. También pregunta expresamente por su disposición a participar en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que los servicios jurídicos consideren procedente esta vía.
El partido pretende identificar a los afectados y organizar una respuesta judicial que permita cuestionar las restricciones impuestas por el Alto Tribunal. Esta actuación coincide con la estrategia seguida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ya ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional contra la suspensión cautelar.
En su escrito, Gabilondo sostiene que la nacionalidad española y el ejercicio del derecho al voto mantienen una vinculación inseparable. Su recurso cuestiona que pueda privarse temporalmente del sufragio a ciudadanos reconocidos como españoles y solicita que se deje sin efecto la medida adoptada por el Supremo. El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la admisión del recurso.
Más de 163.000 nacionalizados siguen inscritos en el censo
La controversia judicial se produce a pocas semanas de las elecciones generales y plantea importantes dificultades para los organismos encargados de organizar el voto exterior. Según ha publicado OkDiario, la Oficina del Censo Electoral todavía no ha recibido de los consulados la documentación necesaria para diferenciar a quienes acreditaron el exilio de sus familiares de aquellos que obtuvieron la nacionalidad sin aportar esa prueba.
El propio organismo ha confirmado al periódico que los más de 163.000 nacionalizados potencialmente afectados por la suspensión continúan figurando en el censo electoral. Esta circunstancia complica la aplicación de la resolución judicial, dado que el calendario electoral obliga a preparar y distribuir la documentación para votar desde el extranjero con varias semanas de antelación.
La decisión del Supremo contempla una excepción para los ciudadanos cuyos expedientes sí demuestren que descienden de personas que abandonaron España por persecución política, ideológica, religiosa o relacionada con su orientación o identidad sexual. En estos supuestos, los responsables consulares podrán expedir, bajo su responsabilidad, una certificación que acredite que el requisito estaba documentalmente justificado a fecha de 1 de agosto de 2026, momento de referencia para el censo de los comicios del 29 de noviembre.
El origen de la controversia se encuentra en la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática. Una instrucción firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, estableció una presunción de exilio para determinados españoles que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esta interpretación permitió tramitar solicitudes de nacionalidad sin exigir en todos esos casos una prueba individualizada de persecución. El Supremo ha cuestionado ahora sus efectos sobre el sufragio en el marco de la medida cautelar, lo que obliga a revisar la situación de los nacionalizados afectados antes de la celebración de las elecciones.
Riesgo de impugnaciones electorales
La Junta Electoral Central ha previsto que la documentación para participar en las elecciones generales se remita a todos los inscritos en el CERA, aunque algunos de sus destinatarios puedan encontrarse afectados por la suspensión judicial. Los primeros envíos están programados entre el 24 y el 30 de octubre, mientras que las papeletas se distribuirán durante noviembre.
La eliminación del antiguo sistema de voto rogado implica que los ciudadanos residentes en el extranjero ya no necesitan solicitar previamente el envío de la documentación electoral. Son las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral las encargadas de remitirla de oficio a los electores inscritos.
Los consulados ya han advertido de las dificultades para completar dentro de los plazos previstos la revisión individualizada de los expedientes. La falta de una relación definitiva de ciudadanos habilitados para votar podría generar controversias durante el recuento e incluso dar lugar a impugnaciones de los resultados, dependiendo de cómo se gestione el sufragio de las personas afectadas.
Mientras tanto, el PSOE ha decidido intervenir directamente ofreciendo apoyo jurídico gratuito a los nacionalizados que quieran cuestionar la suspensión. La formación confía en que el Tribunal Constitucional pueda revisar la medida antes de las elecciones, mientras persiste la incertidumbre sobre el número exacto de ciudadanos que finalmente estarán autorizados a depositar su voto el próximo 29 de noviembre.
