No han faltado voces, sin embargo, que han recordado cómo en España se perpetra con habitualidad una flagrante violación de otros principios generales de derecho, e igualmente constitucionales – como son los de igualdad ante la ley y presunción de inocencia – sin que a nadie parezca preocuparle en exceso.
Esta pasada semana, los grupos de la izquierda más radical y los nacionalistas han llevado al Congreso de los Diputados una proposición para derogar la Ley de Amnistía aprobada en 1977.
En su propuesta solicitaban la derogación parcial (con la excepción de Izquierda Unida, que pretende abrogarla en su totalidad) de la ley para juzgar los presuntos “crímenes del franquismo”.
Bloqueada por el PSOE
Dicha propuesta no ha salido adelante por la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos, así como la del PSOE. Los socialistas han explicado su postura en razón de que dicha abrogación no tendría acomodo constitucional, según todo parece indicar, pues no se puede resucitar una responsabilidad penal ya extinguida, como se explicita en el artículo 9.3, que garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables” lo que, por otro lado, es un principio general clave de los estados de derecho.
No han faltado voces, sin embargo, que han recordado cómo en España se perpetra con habitualidad una flagrante violación de otros principios generales de derecho, e igualmente constitucionales – como son los de igualdad ante la ley y presunción de inocencia – sin que a nadie parezca preocuparle en exceso.
De modo que al PSOE, pese a que lo utilice como recurso argumental, no es la ausencia de encaje constitucional lo que le preocupa, sino el no dejarse arrebatar la iniciativa política en materia de memoria histórica, asunto del que ha hecho bandera.
La mentira
Con la mendacidad que les caracteriza, la extrema izquierda y los nacionalistas han construido un relato de acuerdo al que la Ley de Amnistía de 1977 fue elaborada por el franquismo en sus estertores para protegerse, como una especie de “Ley de Punto Final”, a fin de salvaguardar su responsabilidad represiva y criminal.
La verdad es exactamente la contraria. Las fuerzas del régimen se oponían a dicha ley, mientras que era la izquierda quien insistía una y otra vez en que se aprobara la amnistía, piedra de toque de las intenciones del régimen. Un régimen que nada tenía que temer, en primer lugar porque era el propietario del poder.
El 30 de julio de 1976 se había promulgado una amnistía que abarcaba a los presos políticos, exceptuando a los que tenían delitos de sangre, pero para la izquierda era insuficiente, porque contaba a muchos de los suyos entre los asesinos. La resistencia en el régimen a ceder a las exigencias de la izquierda era grande: poner en la calle a los criminales con delitos de sangre, sin duda enardecería a los militares y policías, principales víctimas del terrorismo.
Desde el gobierno, sin embargo, se estaba decidido a que estas consideraciones no estorbasen el proceso.
La reforma que la izquierda no quería
El gobierno Suárez inició entonces la operación para dar paso al sistema democrático que habría de sustituir al autoritario, y que coronó con el conocido “harakiri” de las Cortes franquistas, algo sin precedentes.
Todo ello no se produjo sin tensiones, desde luego, unas tensiones habituales en los últimos años del régimen de Franco entre los aperturistas y los inmovilistas, lejos del monolitismo que hoy se pretende característico del sistema franquista. En septiembre de 1976, para tranquilizar a los militares e incluso conseguir su colaboración, Adolfo Suárez había prometido a los militares que jamás legalizaría al Partido Comunista, pero les mintió.
Pese a todo, el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez dirigieron el proceso de reforma que culminó en el referéndum convocado para el 15 de diciembre de 1976, apoyados por la mayoría política que salía de las Cortes, para aprobar la Ley de Reforma política, que fue la última Ley Fundamental del Reino franquista.
La izquierda se opuso al referéndum: aunque pretextaba no creer en la sinceridad de la reforma franquista, lo que de veras temía no es que el régimen no trajera la democracia, sino que la trajera. Por eso pedía la abstención, para ilegitimar la iniciativa del gobierno.
Los resultados del referéndum fueron demoledores: votó más del 77% del censo, una participación muy alta, y el 94% fueron de síes al gobierno.
A la izquierda no le quedó más remedio que colaborar con la reforma política, debiendo renunciar a sus planes de ruptura. El peor panorama posible se hacía realidad: el franquismo traería la democracia.
La amnistía de 1977
Después de legalizar el Partido Comunista – tras engañar a los militares y sorteando la insistencia del PSOE en que no lo hiciera antes de las primeras elecciones – Suárez consideró conceder una nueva amnistía, pero no antes de que se conformara el parlamento.
Cuando este se abrió, los grupos de la oposición de izquierdas y nacionalistas centraron sus exigencias precisamente en la concesión de la amnistía por parte del gobierno. De hecho, la primera propuesta del PCE-PSUC en las Cortes, efectuada el 14 de julio de 1977, fue la solicitud de amnistía que verbalizó Marcelino Camacho, un mantra que gritaba en las calles y que pintaba en los muros de las ciudades españolas la izquierda más radical.
El gobierno encargó la elaboración de la Ley de Amnistía a los grupos de izquierda, además de la gubernamental UCD. El texto de la ley que ahora impugna la izquierda y el nacionalismo fue redactado por Pilar Brabo y Marcelino Camacho (PCE), Pablo Castellano y Plácido Fernández Viagas (PSOE), Xabier Arzalluz yMitxel Unzueta (MVC), y Donato Fuejo (PSP, Grupo Mixto).
Alianza Popular se abstuvo
La ley se aprobó el 15 de octubre de 1977, y entró en vigor dos días más tarde.
