El malestar del pueblo saharaui con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha consolidado en los últimos años hasta convertirse en un rechazo abierto. «No esperamos nada de los socialistas españoles, siempre nos va mal con ellos«, resume un habitante del campamento de Auserd, en Argelia, en plena conmemoración del 50 aniversario de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.
La frase refleja un sentimiento extendido en los campamentos de Tinduf, donde sobreviven más de 200.000 saharauis desde hace décadas tras la salida de España en 1975. Allí, el recuerdo de la antigua provincia española convive con una percepción creciente de abandono por parte del actual Ejecutivo.
Uno de los ejemplos recientes es el caso de Zeinabu Dah, cooperante vinculada a un centro oftalmológico financiado en parte por la cooperación española. Ha visto cómo le denegaban hasta tres veces el visado para viajar a España, detalla El Mundo. En la última ocasión, las autoridades alegaron que su documentación «no era fiable», pese a figurar en registros oficiales españoles. «Siempre nos lo ponen muy difícil a los saharauis», lamenta.
Las trabas no se limitan a los visados. La situación de miles de descendientes de saharauis con vínculos directos con España sigue sin resolverse. Muchos permanecen en un limbo jurídico sin acceso a la nacionalidad, a diferencia de otros colectivos a los que sí se ha facilitado este proceso en los últimos años.
El Congreso mantiene paralizado un proyecto de ley para reconocer ese derecho. La iniciativa, impulsada por Sumar, permanece bloqueada a la espera de que el PSOE permita avanzar en su tramitación. La falta de movimiento refuerza la percepción de desinterés político hacia una cuestión histórica pendiente.
El punto de inflexión llegó en 2022, cuando Sánchez respaldó por carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. El giro rompió la posición tradicional de España y fue interpretado por el Frente Polisario y por amplios sectores saharauis como una cesión directa a Rabat.
Desde entonces, las críticas han aumentado. En los campamentos se percibe una política exterior incoherente, que contrasta con la firmeza del Gobierno en otros escenarios internacionales. Mientras el Ejecutivo ha impulsado iniciativas en conflictos como el de Palestina, mantiene una línea alineada con Marruecos en el Sáhara, sin presión visible por la situación de los saharauis.
La ayuda económica tampoco ha calmado las críticas. España destinó 12,6 millones de euros en 2024 a los campamentos, una cantidad considerada insuficiente por varios sectores políticos y humanitarios. Sobre el terreno, las necesidades siguen siendo evidentes tras décadas de desplazamiento en una de las zonas más áridas del norte de África.
El conflicto de fondo sigue sin resolverse. España se desvinculó formalmente de la administración del territorio en 1975, pero el proceso de descolonización quedó condicionado a un referéndum que nunca se ha celebrado. Marruecos mantiene el control del territorio y su plan de autonomía ha ido ganando apoyos internacionales.
En este contexto, el rechazo al Gobierno español ya no se limita a decisiones concretas. Se ha convertido en una percepción generalizada de abandono político. Una sensación que, medio siglo después, sigue marcando la relación entre España y el pueblo saharaui.
