«Hay un problema de una gravedad excepcional como en ningún otro Estado miembro», dice un informe del Consejo de Europa sobre Bélgica, un país que se atrevió el pasado mes de noviembre a insultar a España y a arrojar sospechas sobre las condiciones en las que viven los presos.
El informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa presentado este jueves señala que Bélgica, un país que se atrevió a dar lecciones a España sobre política penitenciaria, presenta una situación en sus cárceles «intolerable» y «un problema de una gravedad excepcional como en ningún otro Estado miembro».
Señala que el CPT alertó a las autoridades de la situación tras las visitas efectuadas a cárceles belgas en 2005, 2009, 2012, 2013, 2016 y 2017, y destaca una «falta de progreso», que se ha visto agravada por las huelgas. Las palabras que más escucharon los expertos, tanto de los presos como de los funcionarios, fueron «frustración, desmoralización y sentimiento de abandono».
En este sentido, subraya que hay «un confinamiento casi permanente de detenidos en celdas consideradas intolerables», calificativo que también emplea para referirse al reparto de comidas, las condiciones higiénicas personales y en las celdas y el poco contacto con el exterior. Los expertos señalan que en las visitas realizadas en 27 años a los 47 Estados del Consejo de Europa «jamás han visto un fenómeno análogo, tanto en el alcance del fenómeno en cuestión como en los riesgos que corrían».
Aparte de la situación en Bélgica, el único país al que se le dedica un capítulo exclusivo, el informe reivindica en términos generales que los mecanismos para formular denuncias por parte de personas privadas de libertad sean «accesibles y efectivos» en todos los centros de detención de Europa. Esos mecanismos deben existir en comisarias de policía, prisiones, instituciones penales de menores, centros de detención de inmigrantes y hospitales psiquiátricos, agrega.
El presidente del CPT, Mykola Gnatovskyy, dijo ante la prensa que para que el sistema sea efectivo «todas las denuncias deben ser tratadas rápida y exhaustivamente, siguiendo un proceso claro que proteja a la persona afectada de posibles intimidaciones y represalias».
‘Cero lecciones a España’
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se fugó a Bélgica, «adalid de la defensa de los Derechos Humanos», según el separatismo, tras declarar unilateralmente la independencia y ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Este país, que tiene una de las tasas de suicidios por 10.000 reclusos más altas de la Unión Europea- entre 2000 y 2016, 262 encarcelados acabaron con su vida, según recogió un estudio de la Universidad de Gante-, unos centro masificados y destaca por el alto número de reclusos en prisión preventiva, aproximadamente un 30% -en nuestro país el porcentaje desciende a poco más del 10%-, se atrevió el pasado mes de noviembre a insultar a España y arrojar sospechas sobre las condiciones en las que viven los presos al reclamar a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario una vez emitida la euroorden de entrega del golpista.
Preguntó por las circunstancias de detención, las dimensiones de la celda -de Puigdemont-, el espacio vital individual, el acceso a equipamientos sanitarios y duchas, y hasta por la cantidad y calidad de la comida. «Nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su ejemplar Estado de derecho», respondió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Instituciones Penitenciarias respondió que de ser encarcelado Puigdemont iba a ingresar en la cárcel de Estremera (Madrid VII), uno de los más «avanzados» de España, y que el exmandatario podía disponer de celda individual si la pedía -salvo riesgo de suicidio prescrito por los médicos- con un inodoro y una ducha que permitiendo la intimidad del interno cuando realice su aseo personal. También recordó que las celdas tienen conexión para televisión y elementos de comunicación con las oficinas de los funcionarios.
«No parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña con los mismos estándares legales y elementos materiales», señalaron fuentes del Ministerio del Interior. Asimismo, recordaron que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General y que «ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra».
